Podemos encalla con el caso de su exasesora
Los imputados piden el archivo de la causa contra ellos
La jugada del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el caso Villarejo se le ha puesto en contra. Desde que la Audiencia Nacional encarceló al excomisario José Manuel Villarejo por liderar la mayor organización de mafia policial conocida hasta ahora, la formación morada quiso hacerse propia la lucha contra las cloacas del Estado. Los intentos por parte de un grupo parapolicial de vincular a Iglesias con el cobro irregular de dinero por parte de dirigentes venezolanos o incluso del narcotráfico le empujaron a actuar en los tribunales contra ello. Así, Podemos se personó como acusación popular en la causa cuando todavía no se conocían los grandes escándalos que luego resultarían de la mano de Villarejo, como las presuntas comisiones ilegales por parte del rey emérito Juan Carlos I.
Después de estar dentro de la causa, la unidad de asuntos internos de la Policía, encargada de la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, encontró entre los documentos hallados en el registro de los domicilios de Villarejo en noviembre de 2017 una copia de la tarjeta del teléfono móvil de una exasesora de Iglesias, Dina Bousselham. Parte de ese contenido había sido publicado un año antes en varios medios de comunicación y el juez Manuel García-castellón abrió una pieza separada dentro del caso Tándem y ofreció tanto a Iglesias como a la exasesora personarse como perjudicados, al salir publicadas conversaciones del dirigente podemita. Inicialmente, tanto el juez como los fiscales señalaban a Villarejo por revelación de secretos ante la sospecha que pudo ser él quien facilitó la información a la prensa y que, a su vez, a él se lo entregaron periodistas de otro medio, la revista Interviú. A Bousselham le habían robado el móvil unos meses antes. Sin embargo, en los últimos meses la investigación ha dado un vuelco. Se ha conocido que Iglesias tuvo la tarjeta de su exasesora guardada durante unos meses porque se lo había dado el presidente del grupo Zeta y que cuando se la devolvió a su propietaria esta estaba dañada. Por eso, el juez, a petición de Anticorrupción, ha retirado al líder de la formación morada la condición de perjudicado y ha iniciado una investigación por un posible delito de daños informáticos. La prueba de ello es la declaración que realizó el juez a la exasesora. “Quiero que entienda que puedo achacarle a usted la destrucción de esta tarjeta o no a usted. Por un silogismo fácil de entender. Esa tarjeta no es de quien la recibe (en referencia a Iglesias). Si la tarjeta no es mía yo la devuelvo de forma inmediata. No yo, cualquier persona normal”, le espetó el pasado mes de marzo.
Los actuales investigados ya han pedido al juez que archive la causa para ellos. Los periodistas de Interviú recuerdan la falta de credibilidad de la víctima además del perjuicio que les está ocasionando. En un escrito, analizan cómo tanto el juez como la Fiscalía han puesto en duda la veracidad de Bousselham, han expulsado a Iglesias de la causa y siguen los pasos de la tarjeta para averiguar quién la destruyó. Para los actuales investigados, las pruebas señalan a Iglesias y piden que el juez les deje al margen de las pesquisas, dados los nuevos acontecimientos.