Adelantar la tasa Google penalizará a España, según la patronal tecnológica

Adelantarse en la implantación de la llamada tasa Google penalizará a España con respecto a otros estados de la Unión Europea, advierte Alicia Richart, directora general de Digitales –la patronal del sector tecnológico–, que considera que “es una pena que no se haya podido” aplicar este impuesto “de forma armonizada”. La mencionada tasa está en trámite parlamentario en España

y con ella se pretende gravar con un 3% los ingresos que las grandes tecnológicas obtienen con ciertos servicios.

Richart es partidaria de que se “paguen impuestos donde se generan sus ingresos”, pero es de las que creen que las empresas de telecomunicaciones y tecnológicas ya están “sometidas a una presión fiscal muy elevada” en España.

No le “parece justo que se tenga que incluir otra tasa más” a estas empresas, pero reconoce que es difícil aislar el hecho imponible.

“La opción más deseada sería que tanto a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de la Comisión Europea se llegara a una fiscalidad homogénea, porque el hecho de adelantarnos ahora con un impuesto implica que estamos penalizando a nuestro país”, afirma.

La directiva se queja además de la fiscalidad de las telecos en España y asegura que es la más alta de Europa. Para hacerse una idea, Telefónica, Orange, Vodafone, Másmóvil y Euskaltel pagan unos 8.000 millones de euros anuales de impuestos, lo que quiere decir que su presión fiscal es superior a la del resto de los países de la Unión Europea. “Esto les sitúa en una posición de desventaja”, apunta. A esto se añade que están pendientes de las “fuertes inversiones que se van a hacer en breve por los despliegues de 5G”.

A su juicio, una revisión de la fiscalidad de estas empresas sería “más que deseable y conveniente”, teniendo en cuenta además que, con la pandemia han demostrado que son un “sector esencial” para la economía del país.

Sobre la subasta de la banda de los 700 Mhz, que será utilizada para el despliegue de la red 5G, Richart cree que la Administración central la ha retrasado de junio del 2020 al primer trimestre del 2021 con “buen criterio”, teniendo en cuenta el impacto tan grande de la Covid19. Las reivindicaciones para la subasta de esta banda siguen siendo las mismas que antes de la pandemia: que se adjudique el espectro con un horizonte de 25 años y que el criterio no sea la recaudación, sino las inversiones.

En cuanto al coste de los despliegues no se atreve a dar estimaciones, aunque afirma que España parte con “ventaja” al poder optimizar red de fibra.