Impuestos en el mundo post-covid-19
Las subidas fiscales parecen inevitables tras la crisis. A diferencia del 2008, el dinero ahora tiene un destino definido y conocido. Emerge un nuevo consenso.
Pedro Sánchez ha confirmado esta semana lo que todo el mundo sabía, habrá subidas de impuestos. Ya estaban previstas en el pacto del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con más motivo ahora tras la crisis del coronavirus. Si algo destaca de las palabras del presidente es la prisa en descartar algunas medidas, como el gravamen a las grandes fortunas, que luego si apoyó su partido, aunque de forma más eufemística, en la votación de resoluciones de la comisión de Reconstrucción del Congreso. Habrá que ver.
La profundidad del parón económico ha sido tal –el déficit público de este año será histórico, así como la deuda pública– que resulta extraño ver a un político descartar medidas, máxime cuando su socio clave las defiende. Valga de recordatorio lo que le ocurrió al PP de Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno, a finales del 2011, con Cristóbal Montoro, al frente del ministerio de Hacienda. De descartar subidas de impuestos durante años y en la misma campaña electoral, pasó a subirlos todos. También a crear algunos nuevos o incluso a imponer pagos adelantados, como el que acaba de tumbar el Tribunal Constitucional sobre el impuesto de sociedades del 2016.
Y aprobar una amnistía fiscal, reveladora de la ansiedad recaudatoria cuando la economía se para. La idea de una exoneración tributaria para quienes afloraran recursos opacos ya se le había ocurrido antes a Miguel Sebastián, cuando era jefe de la Oficina Económica del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El vicepresidente económico de entonces, Pedro Solbes, se opuso a tomarlo en consideración y la cosa no fue a mayores. Pero cuando las crisis aprietan, nunca se sabe. El propio Banco de España no ha descartado nada y de hecho cree que todos los impuestos acabarán subiendo: especiales, IVA, renta, sociedades. Aunque en este último caso, también recuerda que debe recortarse el gasto.
Las declaraciones de Sánchez han sido su primera manifestación concreta y directa sobre el tema, lo que le otorga carácter de anuncio oficial, revelador de que el diseño de las medidas en esa dirección ya está bastante avanzado y formará parte del proyecto de los presupuestos generales del Estado que se presentará a la vuelta del verano.
Se antojaba el hueso más duro de roer para obtener la aprobación de las cuentas en el Congreso, la línea divisoria entre quienes acabarían dando el sí y quienes se opondrían visceralmente. Al margen del PP y Ciudadanos, que ya habían anticipado su no a las subidas, el imprescindible PNV, tampoco estaba por la labor. Los vascos tienen un acuerdo con los socialistas que obligan a estos a pactar previamente con ellos cualquier medida de este tipo. Pero las primeras reacciones públicas de todos ellos han consistido más en mirar hacia otra parte, más que en criticar a Sánchez. Anticipo de una actitud menos beligerante de la que se presumía hace tan solo unas semanas. La realidad y la sensibilidad social han registrado un desplazamiento que los líderes políticos parecen haber detectado.
Se impone la cautela. El tema es muy sensible. Esto no es el plan E, aplicado en el 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tan denostado, pese a contar también, como ahora, con la bendición inicial de organismos internacionales y los socios europeos. Su utilidad económica fue siempre cuestionable y su efecto se limitó a mantener puestos de trabajo sin continuidad, esfumados en cuanto se secó la financiación pública. No dejó huella en la economía, ni elevó su potencial de crecimiento, tampoco modernizó el modelo productivo. Si dejó una enorme deuda.
Ahora, la recaudación adicional que se busca obtener con las subidas de impuestos ya se ha empezado a gastar. El destino de buena parte es conocido: desde los ERTE para salvar empresas y empleos hasta las ayudas a los autónomos, las urgencias del sistema sanitario, el ingreso mínimo vital o las moratorias hipotecarias. Todo a razón de decenas de miles de millones mensuales. Sin embargo, pocas veces un gobierno tendrá tan fácil explicar esas medidas, normalmente tan mal recibidas por la opinión pública.
Los sectores sociales más sacrificados durante esta larga crisis, de los sanitarios al conjunto de los servidores públicos o los trabajadores de los sectores privados considerados esenciales, también deberán ver reconocido su papel; caso contrario lo pedirán por derecho propio. El debate es también sobre el reconocimiento de que el desamparo social de una parte importante de la población es una amenaza para la convivencia, además de para la actividad económica.
El argumento gubernamental será que las subidas anunciadas servirán para mantener esos programas de cobertura económica y social, al tiempo que reforzarán un sistema de sanidad público que ha quedado completamente al descubierto durante la pandemia.
Los partidos políticos han ido tomando conciencia progresivamente de esa realidad. Sería razonable anticipar que el debate fiscal será menos afilado, más matizado, con referencias abundantes a la eficacia en el gasto y la auditoría del dispendio. Que los discursos acentuaran la preocupación sobre la calidad de la gestión pública, antes que en los aumentos de impuestos en sí mismos.
El viraje hacia un mundo con más impuestos ya está ejecutándose. Y en primer lugar en la Unión Europea, que ha vinculado la financiación del fondo de la Nueva Generación a la creación de impuestos adicionales en el ámbito comunitario.
Las empresas, con un mercado desanimado y una competencia más intensa, no lo ven así. Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, se lo dijo el viernes a Sánchez en Moncloa. “No es el momento de subir impuestos”; cauteloso, una declaración contraria pero contenida. De inicio de negociación, aunque asumiendo la nueva realidad, no en balde también se reciben ayudas públicas y se prorrogan las ventajas y subvenciones en los ERTE. Y cuando está cuajando un nuevo consenso, aunque sea temporal, sobre el asunto.
En términos políticos, este nuevo curso espera la sentencia definitiva. Si, como ha sucedido anteriormente, la carga fiscal acaba recayendo sobre las clases medias –ese concepto que en realidad abarca desde trabajadores hasta pequeños empresarios y autónomos–, la reacción será airada. Y las batallas electorales se juegan en ese espectro social.
Sorprende que el anuncio de Sánchez no haya desatado una oleada de críticas desde la oposición