Las cláusulas suelo se pueden anular si falta información
El TJUE pone condiciones a la renuncia de acciones legales
Las cláusulas hipotecarias por las que un consumidor renuncia a recurrir a la justicia pueden ser declaradas abusivas, y por tanto, nulas, si el banco no le ha facilitado suficiente información en el momento de firmar aquel contrato. La sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la UE establece que, en un contrato de novación, un consumidor puede renunciar a acciones legales para establecer el carácter abusivo de una cláusula, pero solo si la renuncia procede de “un consentimiento libre e informado” y si además ha sido negociada individualmente. El consumidor, en definitiva, debía ser consciente de las consecuencias que suponía su aceptación de no emprender acciones judiciales posteriores.
“Se abre totalmente la vía para recurrir. Es un nuevo varapalo del Tribunal de Justica de la UE”, declaró a La Vanguardia Patricia Suárez, de Asufin. Es cierto que la sentencia da margen para que cada afectado, de forma individual, introduzca su recurso ante la justicia española, que deberá determinar la nulidad de la cláusula en función de los parámetros que ha fijado el TJUE, es decir, transparencia, información y que el consumidor tuviera una percepción clara de las consecuencias. Pero, por otro lado, el Tribunal de Luxemburgo acepta el principio de estas novaciones que introducen en los contratos hipotecarios cláusulas de renuncia a acciones legales.
La clave es que el TJUE no se opone a que el consumidor renuncie a denunciar una cláusula probablemente abusiva, como es la cláusula suelo en este caso, siempre que sea plenamente consciente de las consecuencias. La razón es que el consumidor puede considerar que obtendrá una solución extrajudicial del litigio que le resulte más satisfactoria. Hay que tener en cuenta que el procedimiento judicial puede ser largo y costoso, y que las concesiones que haga el profesional pueden ser ventajosas para el consumidor.
En la sentencia, se establece el principio de la posible renuncia, pero después se detallan todas las condiciones. En particular, que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado, con conocimiento de las repercusiones que suponía, y también que haya sido negociada individualmente, es decir no vale si ha sido redactada previamente sin que el consumidor haya podido influir en su contenido.
El caso tiene sus orígenes en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Teruel, a raíz de un litigio entre Ibercaja Banco y un cliente sobre la nulidad de una cláusula abusiva en hipoteca. Son dos contratos, el inicial firmado en el 2011 y uno de novación en el 2014, que podrían contener cláusulas abusivas que llevarían a su anulación siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo español. Sin embargo, no se podía anular porque el contrato de novación contiene una cláusula de renuncia a emprender acciones legales. Este es el punto crítico que el juzgado de Teruel trasladó a los jueces europeos.
En el contrato inicial, se estableció un tipo de interés anual que no podía sobrepasar el 9,75% ni ser inferior al 3,25%, pero en el de novación, tres años más tarde, se fijó que el tipo no podía ser inferior al 2,35% y además, y éste es el punto más significativo, las dos partes renunciaron a acudir a los tribunales contra lo estipulado en el contrato.
La clienta pidió a la justicia que declarara nula la cláusula suelo prevista en la hipoteca del 2011 y que les restituyeran las cantidades percibidas por Ibercaja, sin embargo, la entidad bancaria rechazó la nulidad porque la consumidora había sido informada de su existencia antes de la firma del contrato.
Por otro lado, la sentencia incluye otra victoria para los consumidores al establecer que una renuncia general y de cara al futuro a ejercer acciones legales no tiene validez, no vincula al consumidor. Se refiere a que, cuando aún no haya surgido ninguna controversia sobre un tema, con una renuncia general, sin saber si puede surgir algún contencioso y con qué consecuencias, el consumidor no tiene elección. “Un consumidor no puede comprometerse válidamente a renunciar para el futuro a la tutela judicial (…) por definición el consumidor no puede comprender las consecuencias de su adhesión a una cláusula de esta naturaleza por lo que se refiere e las controversias que puedan surgir en el futuro”.
La sentencia abre la posibilidad de recurrir si el cliente demuestra que no fue informado correctamente