La Vanguardia

La justicia rechaza el confinamie­nto en Lleida y siete localidade­s más del Segrià

El Govern descarta de momento perimetrar l’hospitalet, aunque podría limitar la movilidad en los barrios del norte

- PAU ECHAUZ

La juez Elena García-muñoz Alarcos rechazó anoche ratificar el confinamie­nto dictado por el Govern para unos 150.000 vecinos de la ciudad de Lleida y otras poblacione­s del Segrià al considerar que la medida exige la aplicación del estado de alarma, que es competenci­a del Gobierno central. En lo que respecta a la ciudad barcelones­a de l’hospitalet, el president de la Generalita­t descartó perimetrar­la, aunque sí podría plantearse ciertas restriccio­nes de la movilidad.

Los planes de confinamie­nto decretados por el Govern de Quim Torra se encontraro­na anoche con un contratiem­po inesperado. La juez Elena García-muñoz Alarcos, del juzgado de Instrucció­n número 1 de Lleida, se negó a ratificar las medidas de confinamie­nto aprobadas por la Generalita­t, aduciendo que estas requerían la aprobación del estado de alarma, lo cual es competenci­a del Gobierno central.

De esta manera, la juez hacía suyos los argumentos de la fiscalía provincial de Lleida, que horas antes había presentado un recurso oponiéndos­e al endurecimi­ento del confinamie­nto en Lleida y siete municipios más de la comarca del Segrià por el rebrote de coronaviru­s.

En su escrito, el fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, afirmaba que para tomar medidas “de tanta gravedad” debe solicitars­e al Gobierno central la declaració­n del estado de alarma. “Es una competenci­a estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervenci­ón del Congreso”, indica el escrito presentado por el fiscal. Asimismo, expone que la resolución presentada “parece una copia del decreto de estado de alarma” de competenci­a estatal. Al mismo tiempo, diferencia estas medidas del confinamie­nto perimetral del Segrià o de la zona de Òdena porque las disposicio­nes allí contemplad­as, “restricció­n de movimiento­s, nunca confinamie­ntos domiciliar­ios generales, suponían una afectación de mucha menor intensidad de los derechos fundamenta­les que lo que ahora se pretende”.

Esta decisión, que puede ser recurrida, deja provisiona­lmente en suspenso una medida que había levantado polémica por su dureza. Cuando a media mañana se supo de la convocator­ia de una rueda de prensa en Lleida con la presencia del conseller Miquel Buch y de la consellera Alba Vergés, un alcalde del Baix Segre consultado por La Vanguardia seguía confiando en que las medidas que el Govern anunciaría serían respetuosa­s con la movilidad y la actividad económica. “Si confinan con más dureza el Baix Segre tendrían que confinar también l’hospitalet del Llobregat”, aventuró. La especulaci­ón cayó por su propio peso a media tarde cuando se anunció la prohibició­n de entrar y salir, con excepcione­s y salvo personal esencial, de Lleida capital y siete municipios del Baix Segre: Alcarràs, Aitona, la Granja d’escarp, Massalcore­ig, Seròs, Soses y Torres de Segre.

Alba Vergés y Miguel Buch vinieron ayer a dar la cara ante las administra­ciones locales que, como el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, se han cansado durante los últimos días de pedir a la Generalita­t que gestionara­n el confinamie­nto perimetral con refuerzos para la sanidad y la atención primaria, además de mantener en lo posible la actividad económica. Vergés justificó la adopción de las medidas basándose en la gravedad de los datos epidemioló­gicos y en la necesidad de romper las cadenas de transmisió­n. La consellera pidió a los ciudadanos

Vergés justificó la medida por la gravedad de los datos; ayer los hospitaliz­ados superaban el centenar

que “se vuelvan a quedar en casa, que reduzcan a su círculo familiar los contactos con gente, con las excepcione­s lógicas”: “Necesitamo­s más que nunca la ayuda ciudadana, la solidarida­d entre todos y todas”. Vergés cree que la situación podría reconducir­se y levantarse el cierre en un plazo de 15 días. El número de contagios y también de ingresos ha seguido creciendo. Los hospitales de la Región Sanitaria de Lleida superan ya el centenar de hospitaliz­ados por Covid. Aun así, la consellera subrayó como dato positivo que “el índice de transmisió­n estable en el Segrià tenía un índice de 1,9, mientras que estamos cerrando la semana con una bajada hasta el 1,2, siete décimas menos”.

Por su parte, el conseller Miquel Buch se limitó a enumerar las excepcione­s en las que se podrá superar el límite comarcal tras pasar por el control de Mossos, Guardia Civil y policías municipale­s. Vergés prometió refuerzos sanitarios y la práctica masiva de pruebas y el cribado de residencia­s y empresas. “Para revertir la situación, necesitamo­s antes que la curva gire hacia abajo”.

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, procuraba disimular la decepción política ante la medida adoptada y las explicacio­nes que le

han dado tanto el president Quim Torra, como el vicepresid­ent Pere Aragonès. El paer en cap aceptó el confinamie­nto de la ciudad muy a su pesar. “La situación es muy grave y nos pone de nuevo a prueba. La vida nos obliga a veces a dar un paso atrás para conseguir dar dos hacia delante”, dijo Pueyo.

Pueyo insistió en pedir ayuda ante los devastador­es efectos que otras dos semanas de este confinamie­nto pueden tener en la economía y entre las empresas, comerciale­s o industrial­es. “Necesitamo­s que el plan de choque se elabore en los próximos días para que sus efectos en ayudas directas o subvencion­es puedan cobrarse en agosto”, exigió. El alcalde aprovechó para pedir responsabi­lidad y apoyo a la oposición municipal. “No es el momento para la política de partidos, rechazo el partidismo”, aseveró.

La adecuación de las medidas a nivel municipal se enfrenta entre otros problemas a la amenaza de una subida de las temperatur­as, que en julio y agosto pueden superar los 40 grados. En este sentido, la Paeria anunció la habilitaci­ón de “refugios climáticos” para aquella población vulnerable por edad, estado de salud o falta de aire acondicion­ado en casa. Según Pueyo, los servicios de Protección Civil municipal están preparados para organizar y montar los refugios.

El anuncio del confinamie­nto de Lleida corrió como la pólvora entre los ciudadanos y ha sido recibido en su mayoría con disgusto y rechazo. El cierre perimetral se decretó hace una semana, pero ahora el debate sobre la imagen exterior del territorio se acentúa con críticas al Govern y los medios de comunicaci­ón. El victimismo inútil al que se refería el alcalde provoca la resurrecci­ón de conceptos periodísti­cos que no se usaban desde hace décadas como “Lleida, ventafocs de Catalunya”. La reacción ciudadana también recoge alguna opinión resignada, un remedio inevitable; pero, donde la oposición es frontal, es en el sector económico de Lleida. En los círculos empresaria­les cunde la indignació­n, más aun en un período del año crucial para el PIB de la provincia. Una prueba de la indignació­n es la manifestac­ión contra el confinamie­nto que llegó a congregar a medio centenar de vecinos anoche en la plaza Ricard Viñes de Lleida.

Entre los siete alcaldes del Baix Segre, la medida ha sido recibida a regañadien­tes. Resignados, la ven demasiado “dura” y consideran que no se han tenido en cuenta lo bastante sus peticiones de ayuda. La alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, es una de las más críticas: “No solo no se nos ha escuchado sino que ni siquiera han tenido la cortesía o el detalle de consultarn­os, de preguntarn­os nuestra opinión”, declaró.

 ?? RAMON GABRIEL / EFE ?? Una residencia de mayores de Lleida que a partir de ahora permanecer­á sin recibir visitas ni nuevos ingresos, como todas las de esta región sanitaria y el Alt Pirineu,
RAMON GABRIEL / EFE Una residencia de mayores de Lleida que a partir de ahora permanecer­á sin recibir visitas ni nuevos ingresos, como todas las de esta región sanitaria y el Alt Pirineu,

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