Barcelona pide acusar por grupo criminal a los ladrones violentos
El teniente de alcalde de seguridad busca estrategias para combatir un fenómeno en auge
Las autoridades buscan nuevas estrategias para combatir una delincuencia que ha mutado con la pandemia. Para nada abordan el fenómeno del mismo modo que el año pasado con los violentos por las nubes y con escasez de efectivos en las calles. Las cifras delincuenciales se han desplomado con el confinamiento pero con la desescalada los delitos que vuelven a emerger se expresan en términos locales. Que los ladrones pero sobre todo las víctimas sean barceloneses puede desencadenar que la alarma social se dispare .
Dentro de esta nueva situación, lo que más preocupa al Ayuntamiento de Barcelona, a los Mossos y a la Guardia Urbana son los grupos de jóvenes que abordan a personas en la calle para robarles el reloj, el móvil o cualquier objeto de valor. No son ataques planificados sino recirculaba pentinos de grupos que acumulan numerosos antecedentes y que recurren a toda la violencia necesaria para doblegar cualquier intento de resistencia de sus víctimas. Lo que se inicia con el propósito de ser un hurto se acaba convirtiendo en un robo violento. Con el ánimo de frenar este tipo de ataques, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, propone que se acuse a estos grupos de pertenencia a grupo criminal, lo que agravaría las penas e incrementaría las posibilidades de que los jueces dictaran órdenes de prisión. Este planteamiento lo puso sobre la mesa Batlle en la reunión que mantuvo el 3 de julio con la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón. El objetivo es que se asegure que los grupos reincidentes acaban en prisión.
Uno de los últimos precedentes se produjo el 22 de junio. El juez dejó en libertad con cargos a un grupo de cinco jóvenes de entre 19 a 23 años que acumulaban cincuenta detenciones. En el historia de uno de ellos, pese a su juventud, figuraban hasta 22 antecedentes. Los Mossos los arrestaron cuando intentaron robar el reloj de un motorista valorado en 1.200 euros que por la calle Aragón. Como la policía se interpuso y el robo no se consumó, el juez los dejó en libertad por tentativa de robo que no supone una pena de prisión. El robo con violencia tiene prevista una pena de 2 a 5 años de prisión, pero al ser en grado de tentativa, se debe imponer la pena inferior en uno o dos grados, lo que significa que se les podrá castigar como máximo a la pena de 2 años menos 1 día de prisión. Por esta razón Batlle planteó a la fiscal la posibilidad de añadir otro delito a estos grupos de jóvenes reincidentes a fin de frenar estos ataques. La propuesta, de momento, está en estudio.
Mientras tanto, el debate de la multirreincidencia vuelve a estar sobre la mesa. Los Mossos tienen en marcha un plan desde que se levantó el confinamiento para atajar los ataques de los ladrones multirreincidentes. Tienen identificados a los más habituales y trabajan en red entre los agentes de diferentes comisarías de Barcelona para frustrar sus acciones. En el listado figuran ochenta jóvenes que acumulan numerosos antecedentes. El método que emplean ha sido analizado minuciosamente por los Mossos. Los delincuentes controlan cerca de cuarenta pisos okupados que sirven tanto para vivir como para refugiarse después de cometer un robo. Los inmuebles están diseminados por toda Barcelona pero sobre todo ocupan parte del centro de la ciudad. Ante la falta de respuesta penal los Mossos tratan de controlar sus movimientos y las patrullas de cada distrito se comunican para avisar cuando algún grupo se dirige hacia otro distrito. La policía trabaja en
LOS JUECES NO DICTAN PRISIÓN El robo con violencia en grado de tentativa tiene una pena de 2 años de prisión
ENCUENTRO EL 3 DE JULIO Batlle planteó la nueva imputación en una reunión con la fiscal jefe de Barcelona
red a la espera de que intenten actuar y atraparlos in fraganti. “Es la única manera que tenemos de actuar. Los acorralamos y los detendremos hasta que se cansen”, señalan fuentes policiales.
El Ayuntamiento expresa su preocupación por un fenómeno al que consideran que la legislación tal y como está no acaba de dar respuesta. De hecho, el propio Batlle abanderó una de las reclamaciones para que el Código Penal introduzca la figura de la reincidencia como agravante en el delito de hurto algo que favoreció el auge de esta tipología delictiva con especial incidencia el año pasado en Barcelona. El teniente de alcalde se reunió en febrero, antes de que el mundo se paralizara por la crisis del coronavirus, con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para entregarle varios informes que secundaban la petición de Barcelona. En concreto, un informe jurídico elaborado por la patronal Foment del Treball y otro de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, que abogaban por modificar un artículo del Código Penal para que la multirreincidencia de los hurtadores conllevara penas de cárcel.
Las reclamaciones se produjeron tras un verano en el que se registraron cifras récord con 3.000 hurtos a a la semana que desbordaron tanto la capacidad de la policía como la de la justicia y que llegó a colapsar los juzgados.
La pandemia, sin embargo, ha hecho cambiar el escenario. Se ha reducido la llegada de turistas, lo que ha provocado que los carteristas itinerantes que viajan por toda Europa para robar en el transporte público de las grandes ciudades también se hayan esfumado. La ciudad ha perdido atractivo para estos malhechores, lo que deja a la ciudad ante un nuevo escenario en los que la delincuencia es local y las víctimas también. Tanto los ladrones como las víctimas son residentes en la ciudad, con lo que la percepción de la inseguridad puede acentuarse si los afectados que antes eran mayoritariamente turistas ahora son barceloneses. A pesar de que los hechos denunciados se han reducido entre un 80% y un 90% durante la pandemia, que las víctimas sean locales puede aumentar la alarma. Sin embargo, hay un efecto que puede ser positivo. Cuando las víctimas sean residentes puede facilitar que participen de todas las diligencias de investigación a diferencia de lo que ocurre cuando los damnificados son turistas. Los visitantes que padecen algún robo suelen desentenderse de los hechos cuando regresan a sus países. Rechazan participar en ruedas de reconocimiento para señalar a la persona que les robó la cartera o que los abordó en plena calle, lo que imposibilita culminar la acción de la justicia y debilita las probabilidades de que el autor sea condenado. Ante esta nueva situación post-covid aumentan las posibilidades de que los detenidos sean reconocidos por sus víctimas y acaben en prisión.
La capacidad de la maquinaria judicial para juzgar hurtos ha mejorado mucho. “Hemos hecho un cambio radical”, afirma la juez decana de Barcelona, Mercè Caso. A finales del 2017, se cometían tantos robos no violentos por parte de carteristas que era imposible juzgarlos en un tiempo prudencial hasta el punto de que se acumularon tantos que corrían el riesgo de quedar impunes por la incapacidad de juzgarlos. Pasaban once meses entre que un ladrón cometía el robo hasta que era juzgado. Teniendo en cuenta que el plazo en el que los hurtos quedan prescritos es de 12 meses, el peligro de que los hechos quedasen impunes fue real, lo que obligó al TSJC a abrir una nueva guardia para doblar el número de juicios que se podían celebrar. Así, a finales del 2018, para evitar la impunidad, el CGPJ creó un nuevo juzgado que permitía celebrar 30 juicios diarios de hurtos que unía al que ya funcionaba y que ventilaba el mismo número de vistas. El ritmo se fue normalizando beneficiándose también de la estrategia policial desplegada con especial incidencia en Ciutat Vella de no dar tregua al carterista. La situación se fue normalizando hasta el punto de que se ha tenido que disminuir el número de juicios que se celebran
REPARTIDOS POR BARCELONA La policía catalana detecta grupos de jóvenes que viven en 40 pisos ocupados
para dar tiempo a la policía a tener listo el atestado. Ahora, entre los dos juzgados de delitos leves (hurtos) se celebran 40 juicios diarios y el tiempo que pasa entre que un carterista es detenido y es juzgado es de apenas ocho días. Como esta tipología delictiva se paralizó durante el confinamiento los juzgados no han sufrido una acumulación de trabajo. Aun así, que los juicios vayan más rápido no acaba con el efecto perverso que provoca la falta de una legislación que castigue la multirreincidencia. Los carteristas siguen pagando las multas con el dinero que roban.
MODUS OPERANDI Los ladrones actúan con toda la violencia necesaria para robar relojes y móviles
PONEN FIN AL COLAPSO Los juicios de delitos leves han recuperado el ritmo y juzgan a los carteristas en 8 días