Invertir 112.000 millones en vivienda social crearía dos millones de empleos
Si el Estado invirtiera 112.000 millones en desarrollar un parque de un millón de viviendas en régimen de alquiler a precios regulados podría crear dos millones de empleos y generar una aportación al PIB de 250.717 millones de euros.
Esta es la principal necesidad de inversión público privada que ha identificado el plan presentado por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, equipamientos y Servicios Públicos (CCEIS), que en su totalidad propone al Gobierno invertir 300.000 millones de euros con los que auguran que se podrían crear 4,5 millones de puestos de trabajo y conseguir una aportación al PIB de 670.000 millones de euros. Un plan de inversión que podría arrancar con proyectos ya iniciados este 2020 y extenderse durante 15 años hasta el 2035.
Este impulso económico sería posible, según explican desde CCEIS, siempre que se articule una colaboración públicoprivada que asegure un marco de actividad estable. Está diseñado para que su implementación no afecte a las finanzas públicas ni a los principios de estabilidad presupuestaria, es decir, que no genere endeudamiento. Para ello, serían los usuarios de las infraestructuras y servicios quienes financiarían los proyectos a través de la modalidad pago por uso. “El pago por uso es el único que garantiza el mantenimiento de estas inversiones fuera del perímetro del endeudamiento del Estado. De este modo se asegura su sostenibilidad a largo plazo y que pueda realmente actuar como un motor eficaz para la reconstrucción económica de España”, explica Alberto Borrego, vicepresidente de CCEIS.
Además del impulso de la vivienda de alquiler social, el plan de inversión de las concesionarias de servicios públicas contempla invertir 73.851 millones de euros en infraestructuras del ciclo del agua para abordar el saneamiento de aguas urbanas, por cuyas deficiencias España está amenazada con sanciones desde Bruselas. Otros 45.849 millones se dedicarían a infraestructuras de transporte de alta capacidad y 40.157 millones irían a transición energética. Incrementar la dotación de residencias geriátricas se llevaría otros 15.084 millones. Todo ello se completaría con proyectos en el área de residuos (9.730 millones), implantación del 5G (2.795 millones) y logística y aparcamientos (2.513 millones).