Alarma por la falta de personal para rastrear las cadenas de contagio
El Govern aprueba un decreto ley que autoriza a Sanitat a limitar los movimientos de las personas Oposición, alcaldes y expertos reclaman a la Generalitat que amplíe el seguimiento
En el Segrià todo se ha descontrolado porque se ha llegado tarde; o para ser más precisos, “muy tarde”, como repiten desde hace días expertos en epidemiología. Y ahora a ese retraso en la reacción para atajar un virus, que en esta comarca ha alcanzado en julio niveles similares a marzo, hay que sumarle otras 24 horas desaprovechadas.
Son las que ayer se perdieron después de que un fiscal y una jueza frenaran de forma inesperada y en plena madrugada la implantación de las nuevas medidas anunciadas la tarde del domingo por el Govern (esa norma tenía que entrar en vigor la medianoche de ayer) para endurecer las condiciones del confinamiento en esa comarca. La respuesta de la Generalitat llegó anoche, con la aprobación de un decreto ley que faculta a la autoridad sanitaria para que “en situaciones de pandemia o epidemia”, pueda adoptar medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios en un territorio determinado.
De este modo se pretenden sortear los impedimentos puestos por el juzgado para dar luz verde al confinamiento. En la resolución del pasado domingo se argumentaba, resumiendo mucho, que el Govern no tenía competencias para limitar la movilidad de la población o vulnerar derechos básicos (no importa lo crítica que sea la situación sanitaria) sin la declaración del estado de alarma, lo cual es potestad del Estado.
Con el nuevo decreto ley aprobado, hoy se darán a conocer las medidas específicas de confinamiento que se aplicarán en el Segrià, tal como informó ayer la Generalitat en un comunicado donde aprovechó para recordar que ni en el confiamiento de la zona de Òdena, ni en los llegados a cabo en otras comunidades autónomas, ningún juez había puesto impedimentos. Asimismo, remarcan que se solicitará de nuevo la autorización judicial para ejecutar las nuevas disposiciones.
Los habitantes del Segrià que el domingo asumieron, no sin resignación y mucha indignación, la nueva realidad que les espera, despertaron ayer con la noticia de que todo lo anunciado el domingo por el Govern había caído, momentáneamente, en saco roto. El desconcierto fue total. ¿Y ahora qué?, se preguntaron muchos. La respuesta: en la calle. Este lunes en el que esos vecinos tenían que quedarse en casa, como recomendó el domingo la consellera Alba Vergés, y en el que bares y restaurantes tenían prohibido abrir o los comercios de productos no esenciales solo podían trabajar con cita previa, acabó discurriendo con relativa normalidad.
Fueron muchos los bares y terrazas que se apresuraron a cambiar planes para subir persianas, cuando la noche del domingo habían decidido cerrar. El tráfico rodado por las calles de Lleida fue el habitual en esta última semana de confinamiento perimetral del Segrià y el trasiego de peatones apenas descendió.
NUEVAS MEDIDAS La Generalitat informará hoy de las nuevas normas de confinamiento
UN TIEMPO MUY VALIOSO
La resolución de la juez de guardia hace perder otras 24 horas en la batalla al virus
QUE ALGUIEN MARQUE EL RUMBO Alcaldes del Baix Segre, en el foco de los brotes, reclaman instrucciones claras
Mientras la vida parecía ayer continuar como nada en las terrazas, en puertas de CAP como el de Prat de la Riba, las colas de quienes aguardan para hacerse una prueba PCR duran todo el día.
Esos vecinos que ayer daban por hecho que el encierro está a la vuel
ta de esquina, hacían ese augurio antes de escuchar la respuesta del president Quim Torra a la resolución judicial que desbarató su nuevo plan de confinamiento para Ponent. Torra compareció a media mañana para manifestar, sin rodeos, que no aceptaba esa decisión de la jueza de guardia de Lleida. A lo que añadió que le constaba (ahí se equivocó o no le informaron bien) que en el Segrià los vecinos no estaban haciendo caso de esta resolución judicial y, en cambio, sí cumplían con la orden dictada el domingo por el Govern. Todo lo contrario de lo que ayer pasó, al menos, en la capital de Ponent.
El president quiso entrar enseguida en materia y a los pocos minutos de iniciar su comparecencia dejó ya claro que no pensaba pedir ayuda a Madrid para dar la vuelta a este tropiezo jurídico. ¿La solución? El decreto ley aprobado con urgencia ayer que permite al Govern, sin esperar el permiso de nadie, aplicar planes en caso de rebrotes de coronavirus. Una fórmula con la que la Generalitat podría aplicar confinamientos como el propuesto para el Segrià, sostiene el Govern, sin esperar la bendición del fiscal de la provincia afectada o el permiso de un juez de guardia. Lo que no evita –eso lo dejó ayer también muy claro el fiscal jefe de Lleida, Juan F. Boné– que las medidas acordadas bajo el paraguas de ese decreto ley puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Boné advierte que va a mirar con lupa lo que haga a partir de ahora, con el tema Segrià, la Generalitat.
El desconcierto por la situación creada ayer en estos municipios de Lleida se extendió también entre los alcaldes del Baix Segre, foco de buena parte de los brotes que han hecho saltar las alarmas en esta provincia. Los alcaldes de esa área convocaron ayer de urgencia una rueda de prensa. Y hubo un mensaje muy repetido: “Que alguien nos diga ya qué podemos hacer y qué no en nuestras poblaciones”.
LA JORNADA DE AYER
Torra dijo que en Lleida se acataba su orden, pero los ciudadanos hicieron vida normal