Torra se afana por evitar que la Moncloa intervenga
El Govern defiende la gestión del confinamiento en Lleida
Demasiado tiempo ha estado el Govern reclamando todas las competencias de salud y movilidad durante el estado de alarma –del 14 de marzo al 21 de junio– y maldiciéndolo para tener que aceptar ahora la intervención de la Moncloa ante el primer rebrote de la Covid-19 de envergadura en Catalunya durante la etapa de “nueva normalidad” o de “reanudación”. En Lleida y el Segrià el juzgado de instrucción revocó el confinamiento domiciliario parcial ordenado por la Generalitat. Esta no es competente y sin estado de alarma y la autorización del Gobierno no se puede hacer, vino a decir la juez. La reacción del Ejecutivo catalán ha sido elaborar a toda prisa un decreto ley con un plan de actuación para cualquier brote para “superar por arriba” la decisión judicial y evitar que Pedro Sánchez tenga que actuar. Ni “cogobernando”.
Quim Torra y Pere Aragonès comparecieron ayer por la mañana ante la prensa. Fueron muy significativos los cinco segundos de silencio y quietud en los que los dos permanecieron al acabar la pregunta de los periodistas de si preveían pedir a Sánchez la aplicación parcial del estado de alarma en el Segrià con el fin de proceder según la juez para aplicar el confinamiento parcial, más allá del perimetral en la comarca.
El presidente de la Generalitat acabó mirando al vicepresidente y este entendió que era su turno para responder: “En el actual marco normativo existen todas las herramientas para evitar el escenario del estado de alarma, aunque sea parcial. Tenemos los instrumentos para poder hacerlo y con la salida del estado de alarma el esquema aprobado por el Gobierno permite actuaciones” de las autonomías.
“Creemos que otra manera de gestionar la pandemia es posible. Se nos había dicho que ahora nosotros tendríamos las competencias para hacerlo”, añadió, esta vez sí, Torra.
Pero el Govern tiene elementos para pensar que la Moncloa cree en su capacidad para hacer frente a la pandemia. Fuentes del Ejecutivo español manifestaron que decretar la alarma sería “el último recurso”, y, por ejemplo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que recomienda a los ciudadanos del Segrià que sigan “las recomendaciones de sus autoridades sanitarias, que ahora es el Govern de la Generalitat”.
Recomendaciones. No obligaciones, porque el veto judicial dejó sin efecto la resolución del domingo del Govern de confinar en los domicilios con excepciones a la ciudadanía de ocho municipios del Segrià. El mismo Torra asumió que las directrices de la Generalitat habían mutado a recomendaciones. Eso explica el decreto ley que ayer aprobó el Consell Executiu, para, como dijo, “superar por arriba” la resolución de la juez.
Con todo, en el Govern se muestran “tranquilos”, a la vez que se aferran también a lo que pactó Esquerra con el Gobierno a cambio de la abstención en la sexta y última prórroga del estado de alarma: “El Gobierno se compromete, siempre que sea posible, a priorizar medidas normativas y legales de carácter menos excepcional que el estado de alarma”.
En concreto, en el documento se especifica que se prevé actuar sobre la ley orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, y todas las leyes sanitarias para articular “un mecanismo alternativo” al de la norma aplicada de marzo a mediados de junio.
Así lo recordó ayer la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que reclamó que se modifique de manera urgente la ley de Salud Pública de Catalunya para “dar cobertura legal” a medidas como el confinamiento domiciliario parcial.
La decisión judicial también fue criticada por Jxcat. “Ya nos habían dejado claro que los jueces saben mejor que nadie lo que es bueno para nosotros. Era cuestión de tiempo que también se hicieran cargo de la gestión de la pandemia”, afirmó el vicepresident del Parlament, Josep Costa.
Antes de que se hiciera público el decreto ley, la CUP instó al Govern a desobedecer y a “hacer un ejercicio de soberanía” manteniendo el confinamiento.
Desde el PSC, al contrario, animaron a Torra a no rechazar las decisiones judiciales, y Eva Granados, portavoz del grupo socialista, aseguró que la Generalitat puede desarrollar los mecanismos jurídicos adecuados para controlar el rebrote. Una reacción parecida tuvo Joan Mena, portavoz de los comunes, que invitar al Govern a buscar “la vía jurídica más viable”.
En el otro lado, Cs y el PP. Los naranjas subrayaron que “un gobierno serio tiene que seguir los trámites legales. Si no, se tendrá que pensar que busca victimismo y conflicto competencial”. En la misma línea, Alejandro Fernández, presidente del PP en Catalunya, opinó que con el decreto ley, Torra intenta huir adelante “enfrentándose con los jueces para tapar sus vergüenzas”.
En la Generalitat dicen estar “tranquilos”, pero no quieren ceder control alguno a Sánchez