La alambicada causa del rey emérito
La inviolabilidad, las prescripciones y la dificultad en encontrar los indicios ralentizan la investigación respecto de Juan Carlos I
La documentación enviada por Suiza que afecta al rey emérito Juan Carlos I ha puesto en evidencia la existencia de cuentas en el país helvético con ingresos no declarados a la Hacienda española de quien fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. Desde que su examiga, la empresaria alemana Corinna Larsen, aseguró en una conversación grabada con el excomisario José Manuel Villarejo que había actuado como testaferro de este, la justicia está investigando qué hay de realidad en esas afirmaciones.
Desde el 2018, la Fiscalía Anticorrupción está realizando pesquisas para averiguar si Juan Carlos pudo recibir comisiones irregulares por favorecer al consorcio español para la adjudicación del AVE a La Meca. El avance de las diligencias iba lento por la imposibilidad de acreditar ciertos aspectos. En las últimas semanas han ocurrido dos hitos importantes que han puesto de nuevo en la palestra el asunto. Primero, que la fiscal general del Estado acordó que la causa dejara de estar en manos de Anticorrupción para que pasara a la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser Juan Carlos I miembro aforado ante el Alto Tribunal. Y segundo, que el fiscal suizo Yves Bertossa ha remitido parte de sus pesquisas sobre este mismo hecho a España.
Bertossa tiene como investigados a Larsen, al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dos últimos fueron los encargados de crear en el 2008 la fundación Lucum, a través de la cual el rey emérito recibiría un ingreso. La Fiscalía tanto española como suiza sospechan que el dinero que se ingresó en el 2008 en la cuenta del banco suizo Mirabaud
de 64 millones de euros por parte del entonces rey de Arabia Saudí Abdulah bin Abdulaziz al Saud fue por su intervención en la adjudicación del AVE a La Meca. Sin embargo, por ahora, todos los intervinientes sostienen que aquello fue un regalo. Ese dinero, cuatro años después, acabó en una cuenta de Larsen en concepto de “donación”. La alemana se desdijo de sus palabras ante Villarejo y, una vez que ha sido interrogada por la justicia helvética, ha mantenido que Juan Carlos le dio ese dinero por “gratitud y amor” para garantizar su futuro y el de sus hijos.
Tanto Fasana como Canónica también han desvinculado el regalo del rey saudí con la adjudicación. “Estaba convencido de que esta donación no estaba relacionada con eventuales inversiones españolas. Todavía estoy convencido de ello”, alegó el gestor ante el fiscal suizo, tal y como consta en su declaración publicada por el diario El Español.
Ahora bien, reconocen que no hay documentos oficiales sobre la donación, y Fasana incluso le dijo que no le consta que Juan Carlos I lo declarara al fisco español. Sin embargo, para que la Fiscalía pueda acreditar la existencia de un delito de blanqueo de capitales y delitos fiscales necesita más datos. Para que pueda acusarle de blanqueo necesita acreditar que el origen de la donación es delictivo, por ejemplo el amaño de la adjudicación. Para eso habría que certificar que el rey saudí le pagó como intermediario del consorcio español, el beneficiario final de aquel contrato.
Todo lo que el emérito no declaró antes del 2014 no es perseguible porque entonces era jefe del Estado y, por tanto, inviolable a ojos de la justicia. Y la prescripción de los delitos fiscales es de cinco años, por lo que ya quedaría fuera de investigación lo ocurrido en el 2014 y el 2015, dado que la prescripción no queda interrumpida hasta que se presente una denuncia o querella, extremo que todavía no ha ocurrido. La clave judicial es descubrir si, después de donar el dinero a Larsen en el 2012, Juan Carlos I hizo uso de la cantidad para su beneficio personal.
Suiza todavía tiene que enviar más documentación, mientras que el equipo de cinco fiscales españoles analiza los datos que hay porque no podrán actuar penalmente hasta que encuentren los indicios y después comprueben si los supuestos delitos no están prescritos.
La Fiscalía busca acreditar si el regalo del rey saudí fue el resultado de pagos ilegales de empresarios