No hay tiempo que perder en Lleida

Los ciudadanos del Segrià harán bien en cumplir voluntariamente las recomendaciones que hace la Generalitat para combatir la propagación de la Covid-19, con independencia del contencioso judicial que se planteó pocas horas después de anunciarse, el domingo. Lo importante es garantizar la salud pública y evitar que el coronavirus infecte a más personas, ya que el riesgo de que se colapse el sistema sanitario vuelve a ser evidente en Lleida.

Una vez confirmado que había transmisión comunitaria, el domingo por la tarde el Govern acordó el confinamiento de las personas en sus domicilios en parte del Segrià, incluida Lleida capital. De madrugada, sin embargo, una juez de guardia rechazó las medidas por considerar que la libertad de movimiento es un derecho fundamental que solo puede ser restringido por la declaración del estado de alarma a cargo del Gobierno central. A la vista de lo sucedido, puede considerarse que el Govern se arriesgó al anunciar un paquete de medidas para las que no tiene competencias claras –hay disparidad de criterio entre juristas en esta cuestión– cuando todavía no había obtenido el visto bueno judicial. Este desencuentro entre el Govern y la justicia se tradujo en 24 horas perdidas. En la jornada de ayer, en la comarca del Segrià la confusión fue general. Se creó un clima de inseguridad, porque la gente no supo a qué atenerse. Ese clima de inquietud se extendió a toda Catalunya, especialmente a l’hospitalet de Llobregat, donde hay una gran preocupación por el aumento de casos.

Tiene razón el president Quim Torra cuando afirma que ahora no toca encallarse en conflictos competenciales a través de los juzgados penales –que ya se resolverán en su momento– y que lo urgente es salvar vidas. Por eso reiteró ayer a la ciudadanía del Segrià, confinada ya perimetralmente con autorización judicial, que se proteja del coronavirus de forma voluntaria. Sin embargo, es necesario resolver el caos generado. Eso intentaba hacer ayer noche la Generalitat con la preparación de un decreto ley que se proponía superar la obstrucción judicial para poder adoptar las medidas necesarias que sean compatibles con la reducción de la libertad de movimiento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró, en este sentido, que la Generalitat dispone de medios suficientes, tanto legales como técnicos, para combatir el brote del Segrià, y señaló que no ve necesario decretar el estado de alarma. Insistió en que son las autonomías las que deben gestionar los brotes y adoptar las medidas que consideren necesarias. En este contexto, desde el ministerio se recuerda que la Generalitat sí tiene competencias claras para reducir aforos y cerrar negocios. En cualquier caso, lo urgente es que se actúe para doblegar la curva de contagios. El establecimiento de medidas de confinamiento en el Segrià parece necesario. Pero sería más razonable hacerlo con más diálogo con el Gobierno central.

Una pregunta que hay que hacerse es por qué se ha llegado a esta situación tan extrema, que ha obligado a adoptar medidas precipitadas, sin el necesario soporte jurídico, ¡un domingo por la tarde. La respuesta, probablemente, es que ha fallado por insuficiente el confinamiento perimetral vigente desde hace días y, sobre todo, que no ha funcionado adecuadamente el proceso de detección de infectados y el control y trazabilidad de sus contactos para aislarlos y cortar de raíz la transmisión. Si eso no se hace bien, la situación se descontrola, que es lo que parece haber sucedido. Desde el sector sanitario se argumenta que faltan personal médico y rastreadores, lo que supone una grave falta de previsión, porque ha habido semanas para prepararse. Otro fallo, compartido con las otras administraciones, fue no prever el impacto de la llegada de temporeros para trabajar en el campo.

En estas semanas, la sensación es que el virus va por delante de las decisiones que toma la Generalitat. Así siempre ganará la batalla. Las autoridades catalanas deben subsanar lo antes posible las carencias que han exhibido. Y sería aconsejable que se hiciera con la máxima voluntad de consenso entre administraciones.

Unas medidas mal gestionadas y el bloqueo judicial han retrasado 24 horas la lucha contra el virus