El debate jurídico sobre competencias olvida el deber de velar por la salud
Entre los juristas no hay acuerdo: unos apoyan a la Generalitat y otros la critican
Mientras la comarca del Segrià sigue sumida en una preocupante crisis sanitaria –en esa comarca la incidencia de positivos por cada cien mil habitantes se ha disparado hasta las 415 personas, cuando la media de Catalunya es de 43,8–, las autoridades a las que corresponde solucionar el problema y velar por la salud de los ciudadanos dedicaron ayer todo su tiempo y esfuerzos a determinar quién tiene más competencias para actuar.
Una inédita situación provocada por la resolución de la juez de guardia de Lleida, que estima que la Generalitat no puede acordar sola medidas de reduzcan la movilidad de los ciudadanos o que les arrebaten derechos fundamentales.
Decisión que el Govern no comparte, ni acepta. Hasta el punto de que Quim Torra animó a los ciudadanos del Segrià a desobedecer esa resolución judicial y cumplir con las normas de confinamiento decretadas el domingo por la Generalitat. Sin mucho éxito, hay que decir, pues la mayoría de los habitantes del Segrià continuaron ayer con su vida como lo han hecho la última semana. Y el debate –lo que no es nada bueno por la urgencia de actuación– no parece tener fácil solución. La prueba es que entre los juristas expertos en el tema hay opiniones enfrentadas. El fiscal jefe de Lleida, Juan F. Boné, sostiene que el confinamiento que plantea el Govern podría ser recurrido ante el Tribunal Constitucional aunque esa medida se adopte a través de un decreto ley, si “se tocan derechos fundamentales”.
Interpretación que no comparte el catedrático de Derecho Constitucional, Joaquín Urías. Este jurista afirma en un tuit que el auto de la jueza de guardia de Lleida que ha frenado los planes de confinamiento en el Segrià del Govern destila una “tremenda ignorancia del poder judicial español en materia de derecho”. Para Urias, como defiende el president Torra, la Generalitat tiene competencias para adoptar estas restrictivas medidas sin la bendición del Estado, ni el requisito de que se declare un nuevo estado de alarma.
Otros juristas, como Joan Marcet, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), considera en declaraciones
JUAN BONÉ
Seguiremos con lupa los pasos del Govern por si cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional”
XAVIER ARBÓS
El confinamiento podría interpretarse como una restricción de la movilidad y no una suspensión”
JOAQUÍN URÍAS
La resolución de la juez de Lleida destila una tremenda ignorancia del poder judicial”
recogidas por Crónica Global que la resolución de la jueza de Lleida da la razón “a quienes advertían de que, sin un estado de alarma, no se pueden adoptar medidas que afectan a derechos y libertades”.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Arbós, sostuvo ayer en declaraciones en diferentes medios de comunicación que en este caso se podrían haber equivocado tanto la jueza que ha dictado la resolución, por no confirmar los planes del Govern, como la Generalitat, por no haber sido más clara o motivado mejor la imperiosa necesidad de aplicar sus medidas. Arbós estima que en este caso –con una crisis sanitaria tan grave– una medida de confinamiento puede interpretarse como una suspensión de la movilidad, no una restricción, y que la jueza habría podido anteponer el criterio de la salud a la libertad individual de movimientos.
En el auto emitido desde el juzgado de guardia de Lleida se alega que “la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus y, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada”. Un claro toque de atención a la Generalitat por un redactado apresurado de las normas de ese confinamiento, en un documento donde no se acabaría de explicar la realidad padecida por los habitantes del Segrià, que ahora sí se enfatiza en todos los discursos políticos, después de muchas semanas de mensajes como el de que “tenemos los brotes de Lleida acorralados”.
La misma jueza apunta, por otro lado, una tesis parecida a la que ayer se lanzó desde la Moncloa. Si sabían que no podía ratificarse por vía judicial este confinamiento domiciliario –recoge el auto–, la Generalitat de Catalunya “podría haber propuesto otras actuaciones, tales como la individualización del confinamiento domiciliario solo con las personas más afectadas”. Así que la titular suplente del juzgado de instrucción número 1 de Lleida apunta que si esa restricción de movimientos (“nunca confinamientos domiciliados generales”) se hubiese planteado por parte del Govern “con una menor intensidad que no vulnere derechos fundamentales”, igual sí que habría aprobado esas medidas, como se hizo con el confinamiento perimetral.