Sanidad insta a Torra a cerrar negocios y limitar aforos
Illa presenta un plan para actuar con rapidez ante los brotes
El brote de Lleida preocupa y mucho. Corre prisa adoptar medidas para atajarlo. La más contundente y efectiva es la del confinamiento de la población, que apoya el Ministerio de Sanidad. Pero el revés judicial, impidiendo ese confinamiento, obliga a tomar otras decisiones que, aunque efectivas pero más lentas, permiten conseguir reducir el virus. Así se lo ha comunicado el Gobierno al president Quim Torra, instándole a que eche mano, entre otras, de la ley General de Sanidad que permite cerrar locales, reducir claramente los aforos, modi-ficar horarios de atención al público “para evitar consecuencias negativas para la salud” (artículo 24 de la citada ley). La consigna es muy clara: no se puede perder tiempo en el control de ese brote (ni de ninguno).
Así lo han indicado fuentes del Gobierno y lo dejó entrever el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras presentar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el plan de respuesta temprana para atajar la Covid-19, que será aprobado el próximo jueves.
Illa insistió en rueda de prensa en que las comunidades son en este momento las que tienen las competencias en salud pública y son ellas las que deben adoptar las decisiones oportunas. “Tienen instrumentos para hacerlo”, insistió Illa, en clara referencia a esa norma que permite cerrar establecimientos tanto públicos como privados y limitar actividades ante un riesgo sanitario importante. De hecho, ese plan de respuesta rápida deja claros los niveles de gobernanza de la pandemia. El primer nivel es el de las comunidades, que podrán adoptar las medidas que consideren oportunas para atajar el brote con la ley de General de Sanidad, que les otorga numerosas atribuciones.
Pero si la situación se descontrola y el virus afecta a varias comunidades, la adopción de medidas se traslada al Consejo Interterritorial, donde el Ministerio de Sanidad reunirá a las autonomías afectadas y se adoptarán las decisiones que se consideren pertinentes, las mismas para todos y de obligado cumplimiento. El ultimo nivel (“y el último recurso”, según las citadas fuentes) es el estado de alarma. El Gobierno cree que no se llegará a ese extremo gracias a la vía del Consejo Interterritorial.
El documento, que compila muchas de las medidas que ya están en marcha, establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.
Con este plan (cinco capítulos y anexos) se pretende reducir el impacto de la pandemia fortaleciendo las intervenciones rápidas y eficaces y preparando las capacidades ante un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola.
Así, fija que sean las comunidades las que garanticen una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública y también de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica. Las comunidades deben disponer de planes de contingencia, asegurar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día e identificar de forma precoz los casos.
Mientras, en el ámbito de la atención sanitaria, deben activar los planes de contingencia en atención primaria y hospitalaria de forma adaptada a cada escenario y garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y de equipos de protección individual (para ocho semanas).
El Gobierno rechaza el estado de alarma y usará el Consejo Interterritorial para unificar medidas