Un informe del Síndic afirma que la gratuidad de la enseñanza no se cumple
Equiparar el presupuesto educativo a su coste real supondría 1.163 millones más
Un informe del Síndic de Greuges sobre el coste de las plazas educativas en Catalunya concluye que la educación pública y concertada está infrafinanciada y que los gastos que representa para las familias supone que el principio de gratuidad de la enseñanza no se cumple en la realidad. El estudio, pionero en España por su exhaustividad, cifra en 4.973 euros el coste anual por alumno de segundo ciclo de educación infantil y primaria (5.117 en el sector público, y 4.659 en el concertado) y en 6.100 euros el de cada estudiante de secundaria (6.579 en la pública y 5.211 en la concertada). Equiparar el presupuesto de la educación a su coste real supondría un impacto de 1.163,8 millones en el presupuesto del Departament d’educació, según el análisis presentado ayer en el Parlament por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
El análisis, elaborado en el marco del Pacte contra la Segregació firmado en el 2019, calcula el coste de las plazas en un escenario hipotético en el que centros públicos y concertados tuvieran una composición social equivalente. Ribó afirmó que la segregación es “el principal problema de la educación en Catalunya” y que la mejora necesaria de la financiación debe focalizarse en combatirla. Según Ribó, los 1.163,8 millones en que se cifra la infrafinanciación (a dividir casi a partes iguales entre la pública y la concertada) representan una inversión realista, aunque “lejos del 6 % del PIB que prevé la Llei d’educació de Catalunya, que implicaría llegar a 6.000 millones”.
El gasto público por cada plaza es más elevado en el sector público que en el privado, indica el informe, y matiza que el sector público presenta una composición social más desfavorecida y mayores niveles de complejidad entre el alumnado. El coste para las familias de un alumno de primaria en la pública asciende a 1.000 euros anuales y a 3.851 en el caso de la concertada. En secundaria supone 1.936 y 4.086 euros, respectivamente.
El estudio sostiene que la mejora de la financiación de los centros “debe enmarcarse en el objetivo de la lucha contra la segregación esla colar como factor de desigualdad estructural de nuestro sistema educativo”. En este sentido, no plantea una distribución equitativa de nuevos recursos, sino a través de contratos programa en función de los planes de mejora de los instrumentos de escolarización equilibrada de cada centro. Se trata de una propuesta de aplicación gradual que comenzaría con una mejora de la financiación de los centros con mayor complejidad y en los ubicados en territorios con elevada segregación escolar.
En el marco de la comisión de seguimiento del pacto contra la segregación escolar, Rafael Ribó advirtió que la no presencialidad en las aulas a causa de la Covid-19 es un factor que puede incrementar desigualdad educativa y la segregación escolar. “La actividad lectiva a distancia no garantiza un buen desarrollo”, dijo. El conseller de Educació, Josep Bargalló, se mostró receptivo a las tesis del informe promovido por el Síndic. Bargalló subrayó que la falta de financiación no es igual en todos los centros y, en este sentido, avaló la propuesta de establecer programas contrato con los centros en función de su grado de implicación en la lucha contra la segregación escolar. El conseller asumió que la Generalitat debe hacerse cargo de la totalidad de los costes de escolarización, tanto en la pública como en la concertada. Otra cosa, matizó, son los costes de los servicios y actividades complementarias.
Rafael Ribó propone amentar la dotación de los centros en función de su compromiso contra la segregación