El Govern pide la lista de perceptores del ingreso mínimo para evitar duplicidades
La Seguridad Social asegura que existe un protocolo de intercambio de información
El ingreso mínimo vital (IMV) que abona el Estado y el de la renta garantida de ciutadania (RGC) de la Generalitat son complementarias pero no se pueden sumar. Quien ya perciba la RGC (un mínimo de 664 euros) y pase a percibir el IVM (462 euros) no ingresará las dos ayudas sino solo la más alta: 664, de los que 462 serán del Gobierno central y el resto de la Generalitat.
Ayer el secretari de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, avisó que si el ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá no les da la lista de los perceptores se pueden producir duplicidades. Cuando la Generalitat se diera cuenta procedería a enviar un requerimiento para que el perceptor devolviera lo cobrado de más.
Puede ser un problema para el perceptor sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad final que recibirá de la combinación de las dos administraciones es la misma que ya recibe ahora. “Nos parece incomprensible que tengamos que hacer una reclamación de deudas” porque se haya pagado de más a un beneficiario por falta de comunicación entre las administraciones, dice Josep Ginesta.
Fuentes del ministerio de Seguridad Social niegan las acusaciones de la Generalitat y aseguran que se “ha desarrollado un protocolo adicional” donde se “traslada directamente todo lo que se le conceda a una unidad de convivencia para que la comunidades autónomas puedan ajustar sus cuantías”. Las mismas fuentes añaden que la Seguridad Social “se ha puesto en contacto con todas las comunidades autónomas para que puedan utilizar este protocolo” y añaden que “varias lo harán esta misma semana”.
Mientras el departament de Treball i Afers Socials ya ha detectado que un total de 1.500 perceptores de la renta garantida de ciutadania que percibían el complemento por hijos han pasado a percibir el ingreso mínimo vital. En ese caso, Treball ya les ha hecho la modificación correspondiente para que no perciban de más.
Hace dos semanas la delegación del Gobierno en Catalunya anunció que la Seguridad Social había abonado el primer pago del ingreso mínimo vital a 6.140 hogares en Catalunya, en los que viven más de 20.000 personas, que han sido reconocidos de oficio como beneficiarios de dicha prestación. En el conjunto de España, los beneficiarios fueron 74.119 hogares, en los
La Generalitat quiere evitar tener que reclamar abonos indebidos a perceptores de la renta
que viven más de 250.000 personas.
Sólo en Catalunya, la Generalitat gestiona actualmente la renta garantizada a 81.636 hogares donde viven 127.711 personas. El ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de España llega cuando hace años que comunidades como Catalunya, País Vasco o Valencia cuenta con rentas ciudadanas para personas sin recursos.
El ministerio de Seguridad Social decidió transferir la gestión sólo a las comunidades forales de Navarra y el País Vasco. Por eso el resto de autonomías que hace años que abonan prestaciones no quieren tener que recurrir a embargos en el caso más extremo por una falta de información entre comunidades, más aún cuando el ciudadano no tendrá ninguna ganancia ya que las prestaciones del Estado suelen ser más bajas que las de las comunidades.
“El IMV es una gran noticia porque significa un hito histórico en el conjunto del Estado en materia de protección social, pero corre el riesgo de ser una cárcel burocrática si el ministerio no acompasa esta prestación con el ecosistema de protección social de Catalunya”, alertó ayer Ginesta. “Esto no solo lo dice el departament de Treball. Es una exigencia que hacemos desde Catalunya de una forma muy consensuada”, subrayó.