700 millones por la quiebra de El Pertús
El tribunal arbitral da inicio al procedimiento cinco años después del concurso
Las infraestructuras fallidas siguen siendo una fuente inagotable de problemas que derivan muchas veces en litigios millonarios contra los estados. TP Ferro, empresa conjunta de ACS y Eiffage al 50% creada en el 2003 para construir y explotar el tramo ferroviario del túnel de El Pertús, exige 700 millones de euros a España y Francia. La concesionaria culpa a ambos estados del estrepitoso fracaso de la compañía, que suspendió pagos en julio del 2015 y que está en liquidación desde finales del 2016, y busca ahora ser resarcida.
Así consta en la demanda que, según fuentes conocedoras del procedimiento, se presenta hoy mismo ante el tribunal arbitral de Ginebra (Suiza) que se acaba de constituir para resolver, como estaba pactado en el contrato, los enfrentamientos entre las partes. La demanda está firmada por el despacho estadounidense Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que ha sido mandatado por los fondos acreedores y que cuenta con poderes otorgados por la administración concursal de TP Ferro ejercida por la firma Arraut y Sala Reixachs.
Los 700 millones citados corresponden a la suma de los 450 millones pendientes de recuperar por las inversiones realizadas y no pagadas por los estados y los cerca de 250 millones más por los daños y perjuicios derivados del fin abrupto de la concesión en el 2016, casi 40 años antes de lo previsto.
El argumento principal de la empresa formada por la ACS de Florentino Pérez y la multinacional francesa Eiffage, que siguen siendo los accionistas pero ya no rigen los destinos de la empresa en liquidación, es que los estados concedentes fallaron en sus compromisos de nutrir de tráfico a la vía. El corredor mediterráneo acumuló varios años de retraso en construcción y su puesta en funcionamiento parcial en el 2010, en plena crisis, fue frustrante, con muy pocos trenes de pasajeros y un tráfico casi inexistente de convoyes de mercancías. Así, según sostiene TP Ferro, fue imposible lograr los ingresos suficientes no solo para ser rentable, sino para pagar la deuda contraída para realizar las inversiones. Ese fue el motivo aducido en su día por la empresa para presentar el concurso de acreedores y esa es la base de la reclamación ahora a los estados, que llega justo tres años después de anunciar su intención de que se iniciara el procedimiento arbitral.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Fomento, que es a quien le corresponde el seguimiento de este caso, aseguraron ayer que “la confidencialidad del proceso de arbitraje nos obliga a ser muy prudentes sobre este asunto”. Las mismas fuentes recordaron, eso
UN PLEITO MILLONARIO
La concesionaria exige 450 millones por los activos y 250 millones por daños y perjuicios
LA RESPUESTA DE LOS ESTADOS Fuentes del Ministerio de Fomento dicen que TP Ferro debe pagar 75 millones a los estados
sí, que “la liquidación del contrato impone a TP Ferro la obligación de pagar a los Estados un importe de unos 75 millones de euros”. Previsiblemente, España y Francia reclamarán esa cantidad a la concesionaria en el escrito que deben presentar al tribunal arbitral hoy, cuando vence el plazo fijado para hacerlo.
Los cuatro árbitros designados –dos, por los estados; uno, por la concesionaria; y el último, pactado entre las dos partes– darán comienzo de forma inmediata al procedimiento arbitral y fijarán el calendario y los criterios para la presentación de los documentos que se requieran, así como los informes periciales y las propuestas de declaraciones testificales en la vista oral que se celebrará tras el verano, en el mejor de los casos.
El arbitraje llega exactamente cinco años después de que la compañía hispanofrancesa, acuciada por las deudas, presentara concurso de acreedores en julio del 2015 con deudas de 460 millones. Si la demanda de TP Ferro prospera, el dinero que se obtenga irá directamente a pagar las deudas. Los accionistas no verán ni un euro. Tampoco los bancos.
Antes y después del concurso, la banca acreedora vendió sus créditos, con un fuerte descuento, a un grupo de fondos internacionales, que son los que se beneficiarán –en caso de éxito– del trabajo de la administración concursal y de su propio empeño en llegar hasta el final. Los fondos contrataron a la firma de servicios financieros Houlihan Lokey para que les asesorara en este proceso. Ellos son los que, al margen del concurso, han financiado la interposición de una demanda cuyo coste ronda los 20 millones de euros, según fuentes solventes del mercado.
Los 44,4 kilómetros de la vía ferroviaria entre Figueres y Perpinyà –incluidos los 8,3 kilómetros del túnel pirenaico– ya llevan cuatro años bajo gestión pública después de que España y Francia crearan una sociedad para tomar el relevo a TP Ferro poco después del inicio de la liquidación. Los años han pasado y el corredor mediterráneo avanza a trancas y barrancas. El tráfico sigue siendo muy bajo. Pocas cosas han cambiado y, en cualquier caso, el arbitraje solo modificará una al añadir (o no) unos cuantos cientos de millones a una infraestructura absolutamente vital.
TRIBUNAL ARBITRAL
La designación de los árbitros ha retrasado el proceso, que arranca hoy con las demandas
EL DESENLACE
El fallo no afectará ni a la vía ni a los accionistas, sino a los acreedores y a las cuentas públicas