No desperdiciemos una buena crisis
Desdeel2016,hansobrevenido tres investiduras fallidas, la aprobación de una moción de censura constructiva y cuatro elecciones generales. Ha habido más de cuatrocientos días de Gobierno en funciones. El bipartidismo imperfecto ha desaparecido, pero las reglas de un pluripartidismo polarizado y una democracia de consenso aún no se han construido. Las elecciones de noviembre erigieron el Congreso más fragmentado que hemos tenido, agravado por serias diferencias ideológicas entre derecha/izquierda y unionistas/secesionistas, y por una escasa tendencia al compromiso. Un escenario inadecuado. Se ha formado el primer Gobierno de coalición nacional, si bien ya tenemos una larga experiencia de coaliciones en las comunidades autónomas. Mas no es frecuente la presencia de diecinueve partidos, dos polos de agrupación, y la ausencia de una cultura política acostumbrada a compartir el poder.
En este contexto, la necesidad de una democracia de compromisos, los representantes de los gobiernos autonómicos que patrocinan el Informe de las Comunidades Autónomas nos sugirieron una reflexión sobre Catalunya. Existe una creencia generalizada en Catalunya sobre su protagonismo cada vez que se han iniciado reformas territoriales y sobre la conveniencia de un vínculo específico con el Estado. Pero existen diversas maneras de comprender España y no son sencillas las transacciones.
La reforma del Estatuto fue un intento excesivo de regenerar el Estado autonómico ante el bloqueo de la reforma constitucional, y su declaración de inconstitucionalidad parcial generó en muchos catalanes una sensación de agotamiento. Esta frustración colectiva, más la desafección producida por los recortes sociales, y la crítica al modelo de representación entre los jóvenes, hicieron aflorar posiciones independentistas hasta entonces minoritarias.
No obstante, las fuerzas secesionistas no han sido capaces de alcanzar una clara mayoría ni de esbozar un modelo de república. Su división es manifiesta respecto del resto de los catalanes y entre los que defienden vías unilaterales y los que respetan el derecho. El pueblo catalán es plural. No puede ser suficiente para la secesión una mayoría simple. Sería absurdo cuando se requieren mayorías cualificadas para cosas revocables como son cambiar la ley electoral o reformar el Estatuto.
La situación de un procés que debía haber culminado en el 2017 está bloqueada. Las revolucionarias leyes de transitoriedad a la república y de referéndum, un referéndum de autodeterminación sin garantías y una efímera declaración de independencia que no vino acompañada de medidas para hacerla real han sido un pobre resultado, si se compara con el ambicioso objetivo de partida. La vía unilateral ha fracasado. Es claro tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la intervención extraordinaria del Estado en los órganos de autogobierno, y la condena penal de diversos dirigentes independentistas por incumplir reiteradamente las leyes y desobedecer a los tribunales. No por esperada menos dramática.
La secesión, en su tremenda complejidad, no puede simplificarse con la mera exigencia de una mayoría clara ni mostrando su difícil viabilidad dentro de la Unión Europea y sus elevados costes de transacción. Conviene romper un círculo vicioso entre las posiciones independentistas y los defectos de un Estado autonómico que, paradójicamente, se consagra como intocable por algunas fuerzas políticas. Solo acuerdos y reformas de distinto tipo con la voluntad de corregir defectos, rebajar los conflictos e incrementar la integración nos permitirán alcanzar estabilidad.
La amenaza del coronavirus ha creado una nueva situación económica, dependiente del plan de rescate de la Unión, que requerirá proyectos de colaboración entre administraciones. El Gobierno,
Los grandes problemas económicos y sociales no pueden ser resueltos por una institución separada
con el apoyo de varios partidos nacionalistas, encara el conflicto mediante la formación de una mesa de negociación entre gobiernos y el reforzamiento de la comisión bilateral y ha dado a conocer una agenda para el reencuentro. Se cumple la primera condición para resolver un conflicto político, la negociación permanente. Debe hacerse posible la segunda: el respeto al Estado de derecho. Las normas pueden ser modificadas, pero solo mediante nuevos pactos y en la forma prevista por la Constitución.
El acuerdo es una alternativa a la judicialización del conflicto y a la intervención coercitiva. La pendencia de unas elecciones autonómicas hace urgente esperar. Pero, por ejemplo, la conferencia de presidentes, que llevaba años sin reunirse, ha tenido varias sesiones bajo la alarma. Es la vieja conciencia que impulsó el federalismo cooperativo: los grandes problemas económicos y sociales no pueden ser resueltos por una institución separada. Es preciso el acuerdo de todas: desde los poderes locales hasta la Unión. La amenaza de la debacle económica puede ser una oportunidad: “Don’t waste a good crisis”.