La Guardia Civil registra la empresa del Canal Olímpic por desvío de fondos
La Guardia Civil registró ayer la sede de la sociedad Equacat, participada por la Generalitat y que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels, por orden del juez que investiga una trama de desvío de subvenciones públicas a fundaciones afines a CDC.
Fuentes próximas a la investigación aseguran que la operación de entrada y registro fue ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco de una causa en que se investigan los delitos de fraude en adjudicaciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de caudales. En principio no están previstas detenciones.
Las nuevas diligencias derivan de una investigación sobre presunto desvío de subvenciones públicas a fundaciones cercanas a CDC a través del Consell Català de l’esport, cuyo presidente, Gerard Figueras, fue detenido el pasado noviembre junto a otros cargos del PDECAT.
Concretamente, el juez investiga si la sociedad Equacat cobró por duplicado fondos del Govern y subvenciones de la Diputación de Barcelona para unas obras de adecuación del Canal Olímpic, lo que habría permitido desviar parte de la ayuda pública a otros fines.
Por ese motivo, los agentes de la
Guardia Civil registraron las oficinas de Equacat en busca de los expedientes relacionados con las subvenciones recibidas para las obras del Canal Olímpic y la justificación de estas. Los indicios de fraude en el desvío de estas subvenciones derivan de la documentación analizada en la investigación que el juez inició sobre una trama para la adjudicación irregular de subvenciones para cooperación internacional por parte de la Diputación de Barcelona, entre los años 2011 y 2015, durante la primera etapa de CIU al frente de la corporación.
Por ello, el magistrado ordenó en mayo del 2018 una operación en la que la Policía Nacional detuvo a 30 personas –entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona Francesc Esteve– y practicó una veintena de registros en distintas entidades y empresas vinculadas a las subvenciones fraudulentas.
En enero del 2019, el juez encargó las investigaciones a la Guardia Civil, lo que dio pie a una segunda operación, el pasado mes de noviembre, centrada en la presunta concesión fraudulenta de subvenciones públicas de la secretaría general del Esport a fundaciones controladas por CDC.
Entre otros fines, el magistrado indaga si la trama desvió dinero público para costear actos vinculados con el procés e incluso los gastos del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo.