Pandemia, políticos y leyes
Politizar o judicializar una pandemia que aparentemente se encuentra en fase de retirada es una manera de rechazar la responsabilidad de cuanto pueda ocurrir en un futuro inmediato. La amenaza del coronavirus seguirá vigente mientras no exista una vacuna al alcance de todos y en todas partes. No importa que sean muchos o pocos los brotes que aparecen inesperadamente alimentando la alarma y el miedo. Hay que combatirlos con las adecuadas medidas sanitarias que inspiran a las decisiones políticas que, a su vez, tienen que respetar los derechos básicos de los ciudadanos.
Hay muy pocos gobiernos que hayan actuado de forma rectilínea desde que surgieron los primeros casos. Desde Inglaterra hasta Italia pasando por Francia, Estados Unidos, Brasil y China se han corregido las políticas a medida que los casos de contaminación iban aumentando y los muertos empezaban a contarse diariamente por centenares.
La estrategia de Suecia que se tomó como inteligente y cívica tuvo que corregirse sobre la marcha cuando pasó a ser el país con más víctimas de Europa en proporción al número de habitantes.
Cuántos cambios y contradicciones nos han expuesto el ministro Salvador Illa y el doctor Fernando Simón a lo largo de los últimos cuatro meses. Sabemos la cifra oficial de muertos, que difiere a la baja en más de diez mil de las estadísticas también oficiales de otros organismos públicos.
El confinamiento de casi cien días era necesario para evitar males mayores. Pedro Sánchez acudía cada quince días al Congreso para que este le aprobara el estado de alarma que privaba de la libre circulación de personas dentro de su propia ciudad. La responsabilidad de las medidas fue transferida a las comunidades autónomas con quienes Sánchez había despachado por vía digital cada semana. La responsabilidad ya no es suya.
Cada gobierno autonómico ha actuado según los criterios que ha creído más idóneos. Galicia y Euskadi celebraron elecciones con varios brotes del coronavirus activos. Se ha retrocedido de la fase 3 a la 2 sin mayores problemas, como decidió el lunes el Gobierno de Aragón. Se ha decretado el uso obligatorio de las mascarillas cuando se ha creído oportuno.
Hay más de un centenar de brotes esparcidos por toda España. Pero los más importantes son los de los ocho municipios de la comarca del Segrià que incluye la capital, Lleida, y los de l’hospitalet de Llobregat, la segunda población de Catalunya. El día 4 de julio, el Govern Torra ordenó el cierre perimetral de la comarca del Segrià ante la imposibilidad de poner freno al goteo de nuevos casos positivos de la Covid-19. Pero el domingo dio un paso más ordenando el confinamiento de Lleida capital y otros siete municipios del Segrià para que nadie saliera de su casa salvo para actividades esenciales.
Era el confinamiento domiciliario que fue recurrido la misma noche del domingo por la Fiscalía Provincial de Lleida considerando que afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos, que solo podían ser privados de ellos por la aplicación del estado de alarma. El mismo lunes contestó el president Torra
diciendo que se aplicarían los confinamientos domiciliarios generales rechazando la decisión judicial. Entre la salud de los catalanes y la justicia, vino a decir, iba a proteger la sanidad. El equilibrio de poderes sería peligrosamente secundario.
Torra pudo haber solicitado al Gobierno Sánchez un estado de alarma parcial o bien negociar con el ministro Illa una opción igualmente operativa que no comportara una confrontación con la justicia. El desprecio al derecho suele tener consecuencias funestas, aquí y en cualquier parte. El alcalde de Lleida,
Miquel Pueyo, pedía el lunes por la radio seguridad jurídica, sanitaria, económica y social para su ciudad y para el Segrià.
Los ciudadanos de la zona no saben si atenerse a las órdenes de Torra o a la interlocutoria de la juez, que ha advertido que no cabe decreto ley si toca derechos fundamentales. La confusión la comparten también los siete alcaldes de la comarca confinada, que piden unidad entre las administraciones, los gobiernos y todos los agentes sociales.
Y lo más importante es la petición de los alcaldes de más médicos, más enfermeros, más mediadores y trabajadores sociales. Y también más mossos, para poder hacer cumplir los pormenores del decreto ley sobre los confinamientos domiciliarios.
Lleida no tiene por qué soportar la falsa imagen de una sociedad que explota y maltrata a los temporeros que desde hace años trabajan en la recolección de la fruta. Prácticamente todos ellos, con documentos de la Seguridad Social y con estancias para descansar y pasar la noche en habitáculos mínimamente dignos. Otra cosa son los que han llegado sin contrato y duermen al raso o bien los que han sido infectados y residen en alguno de los hospitales adaptados para los que han dado positivo en las pruebas.
La unidad de criterios y de acción es imprescindible para combatir la pandemia y la desafección a las instituciones municipales, de autogobierno o estatales es muy negativa. Y, por encima de todo, hay que dotar de recursos sanitarios a las zonas afectadas. Con discursos y promesas no se resuelve nada.
Lleida no tiene por qué soportar la falsa imagen de una sociedad que explota y maltrata a los temporeros