El Govern escogerá a proveedores por criterios sociales
El Govern de la Generalitat aprobó ayer el decreto de acreditación, concierto social y gestión delegada en la red de servicios sociales de atención pública, una nueva forma de relación con los proveedores de servicios sociales “para mejorar la calidad asistencial y las condiciones laborales”.
Dicho concierto permite proveer servicios sociales a la ciudadanía mediante mecanismos orientados a la calidad asistencial, la solvencia técnica, el arraigo territorial y otros mecanismos orientados a mejorar la atención a las personas, según informó ayer en un comunicado el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Dicho departamento destaca que en este decreto se plasman los mecanismos para priorizar en las contrataciones públicas los criterios sociales más que el precio, lo que, a su juicio, permitirá alcanzar “más eficiencia y eficacia” en la gestión administrativa, con menos burocratización y reduciendo los plazos y trámites.
Entre los criterios para la asignación de servicios destaca el de la responsabilidad social de la entidad proveedora –como la estabilidad y calidad del empleo, su compromiso ético o la transparencia– y establece un tope máximo de diferencia salarial entre la persona con el salario más alto y la persona con el salario más bajo de la organización.
La Confederació, la asociación empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, consideró que es un avance pero aún insuficiente.