Ni el Govern ni la ciudadanía
Confinamiento voluntario en el propio domicilio, como mínimo durante quince días, para frenar la expansión de la Covid-19 en Barcelona, otros doce municipios del área metropolitana (en total 2,6 millones de personas) y las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera. Es lo que pide la Generalitat a los habitantes de esas zonas. Recomienda no salir de casa excepto para ir a trabajar y hacer las compras imprescindibles. No puede prohibirlo por ley, ya que para ello haría falta la declaración del estado de alarma por parte del Congreso de los Diputados. Por eso solo apela a la responsabilidad de la ciudadanía para que cumpla con esta medida.
La noticia de un confinamiento de la población de Barcelona y su área metropolitana, aunque sea voluntario, es muy perjudicial para la imagen de Barcelona, para el turismo y para el conjunto de la economía. Barcelona solo había empezado a reabrir tímidamente su economía, y ahora llueve sobre mojado. La consellera de Salut, Alba Vergés, aseguró que la transmisión comunitaria “existe y es fuerte” mientras la consellera de Presidència, Meritxell Budó, afirmaba que esta es la “última oportunidad” antes de tomar medidas más drásticas. La comparecencia de ambas, junto al conseller de Interior, Miquel Buch, dejó un reguero de dudas y la sensación de que la situación dista mucho de estar controlada.
La Generalitat también solicitó al juez (y este se lo concedió) que le permita prohibir las reuniones de más de diez personas, tanto en los ámbitos familiares como públicos, ya que la Conselleria de Salut ha detectado que es en ese tipo de contactos sociales en donde se producen la mayoría de brotes comunitarios de la Covid-19. Asimismo, ha establecido un conjunto de recomendaciones de índole más concreta para determinadas actividades, especialmente culturales y deportivas, así como la solicitud de no viajar a las segundas residencias en estos días, para no expandir el coronavirus por el territorio. Pese a ello, anoche se produjeron retenciones en las principales salidas de la ciudad.
Tanto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como los sectores económicos de la ciudad (incluido el cultural) discrepan de algunas medidas y ofrecen colaboración para revisar y ajustar el plan de lucha contra la Covid-19 y reducir el daño a la economía y la vida ciudadana.
Las medidas adoptadas por la Generalitat, con independencia de que sean o no obligatorias, exigen el máximo seguimiento por parte de todos los ciudadanos, ya que su salud y su economía están en juego. En este sentido hay que hacer una llamada al conjunto de la población para que las cumpla, esté o no de acuerdo con ellas, al igual que hay que incidir en la necesidad de llevar mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse a menudo las manos.
Pero asimismo hay que decir que las decisiones adoptadas por la Generalitat constituyen el reconocimiento implícito de un rotundo fracaso. Primero de la propia ciudadanía, ya que globalmente no ha mantenido el rigor necesario en el cumplimiento de las medidas de protección. El descuido o irresponsabilidad de unos pocos ha causado un enorme daño a todos. La vigilancia de las autoridades, en este sentido, debería ser más estricta. Pero el fracaso más estrepitoso ha sido el de las propias autoridades sanitarias catalanas por no haber sabido atajar de raíz los brotes de infección del coronavirus. Colau denunció abiertamente, en este sentido, que hay evidencias claras de que el sistema de detección de infectados, de rastreo, de control y de aislamiento de los contactos no ha funcionado con la rapidez y eficacia necesarias, como se ha visto en el Segrià y en el área metropolitana de Barcelona. Tampoco ha funcionado la coordinación con los ayuntamientos de esta área.
Las medidas adoptadas ayer por la Generalitat , en suma, servirán de poco si la población no colabora, pero, sobre todo, si no mejora exponencialmente la eficacia de su actuación en la detección, control y rastreo de los infectados y sus contactos. Como dijimos ayer, no solo faltan medios, sino también liderazgo. Y cada día que pasa es un día perdido si no se actúa con eficacia.
La restricción de la vida
social que pide la Generalitat no basta si no mejora su gestión sanitaria