Los jueces mercantiles, ante el colapso total
La saturación de los juzgados por las miles de demandas contra las aerolíneas amenaza con explotar si llega un aluvión de concursos
Al frente del juzgado mercantil 3 de Barcelona, Isabel Giménez García tiene claro que, si no hay cambios estructurales relevantes, la crisis la tendrá desbordada a ella y su equipo al menos cinco años. No es un cálculo gratuito ni aventurado. En el 2019, su juzgado acabó con más de 3.000 demandas, una cifra similar a la de los otros diez juzgados mercantiles de la provincia que están especializados en concursos de acreedores, competencia desleal, propiedad industrial e intelectual y otras materias. “Es desesperante porque tienes asuntos urgentes que deberían estar resueltos en pocos días y que, con suerte, consigues sacarlos... en un mes”, comenta esta juez.
La abrumadora carga de trabajo dejó de crecer durante el confinamiento. El Gobierno limitó al máximo la actividad judicial durante el estado de alarma, que incluyó también la llamada moratoria concursal, una dispensa hasta finales de año de la obligación de los administradores a llevar sus libros al juzgados en los dos meses siguientes a su entrada en el estado de insolvencia.
Pero esa tregua para las empresas –reforzada por los avales del ICO y los ERTE– no impedirá que se disparen los concursos de acreedores tras el verano. Así lo esperan todos los expertos. Y tampoco evitará que continúen multiplicándose las demandas a las compañías aéreas de decenas de miles de usuarios por cancelaciones o retrasos en sus vuelos, una litigiosidad que ya se ha consolidado en la sociedad.
El aéreo o las maletas –como se refieren coloquialmente los jueces a estas demandas– estuvieron a punto de pasar a mejor vida en abril. El Gobierno hizo circular entre colegios de abogados y jueces un decreto ley para establecer que estos procedimientos salieran de los juzgados y se tramitaran por la vía administrativa a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Finalmente, el decreto fue guardado en un cajón. Y ahí sigue.
Francisco Gil Monzó, titular del juzgado mercantil 6 de Barcelona, explica que “todos los juzgados estamos sobrepasados por el aéreo, que ralentiza otros prora cedimientos de protección de marca, impugnación de acuerdos sociales o concursos, con mucha mayor trascendencia”. En su juzgado, había un funcionario dedicado a estos asuntos hace dos años, cuando llegó. Ahora hay cuatro.
La culpa la tienen las alrededor de 25.000 demandas de consumidores que inundan los juzgados. Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 y decano de los mercantiles de Barcelona, recuerda que “el Consejo General del Poder Judicial tiene unos módulos que establecen unos 350 asuntos por juzgado al año y aquí tenemos más de 3.000”. En los últimos años, se han tomado algunas medidas de refuerzo, pero son “parciales e insuficientes”, según el juez. La solución es relativamente sencilla. “Quitando el aéreo y con medidas de apoyo a medio plazo, en un año se solucionaría todo”, calcula.
Pero hay que hacerlo. “La sociedad se juega mucho con que sigan adelante las empresas que pueden ser viables, que seamos ágiles para proceder a la venta de las unidades productivas de las que no pueden continuar, que atendamos con diligencia las demandas sobre marcas o competencia”, insiste el juez Raúl García Orejudo.
Desde el mundo empresarial y la sociedad civil, lo tienen claro. La pandemia y todo lo que ha traído consigo “provocará un auténtico tsunami de nuevos procedimientos y agravará, aún más, la situación de la administración de justicia, que presentaba ya unos evidentes síntomas de agotamiento por una falta endémica de medios”, denuncia Maria Eugènia Gay, decana del Col·legi de l’advocacia de Barcelona. Por eso, urge tomar decisiones antes de que llegue el colapso total. PaGay, es imprescindible subir la ratio de jueces por habitante, alejada en el caso de España de la media de la UE.
En el caso de los juzgados mercantiles, los perjudicados son las empresas y sus trabajadores. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, reclama que el Gobierno y la Generalitat se impliquen a fondo en este asunto. “Sin una justicia eficiente estamos poniendo en peligro miles de empresas y centenares de miles de puestos de trabajo”, dice Sánchez Llibre.
El plan de actuación del Ministerio de Justicia recientemente aprobado admite que los juzgados mercantiles de Barcelona terminaron el 2019 con una carga de trabajo de casi el 700% de su capacidad, con una pendencia media de unos 2.500 asuntos. Pese a esto, solo prevé crear un juzgado más en septiembre de este año –que estaba ya aprobado para finales del 2019– e incorporar a cuatro funcionarios gestores y tramitadores por cada juzgado existente. En Madrid, con una saturación del 550% se crearán, en cambio, cuatro juzgados más.
Ni en una plaza ni en la otra, ni en ninguna otra, será suficiente. Luis Rodríguez Vega, magistrado de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, concluye: “Este problema no se resuelve con la creación de más juzgados ni con incrementos de personal, ya que nunca se crearían suficientes juzgados para atender al ingente volumen de las reclamaciones derivadas del transporte aéreo; lo que hay que hacer con este tipo de conflictos, que obedecen a un incumplimiento generalizado del reglamento y a la aparición de las agencias de reclamación, es sacarlos de los tribunales mercantiles y derivarlos, de una vez por todas, a AESA”.
EL PUNTO DE PARTIDA
Antes de la pandemia, los juzgados ya estaban desbordados por las reclamaciones aéreas
LA FALSA TREGUA
Los juzgados han vivido meses de calma gracias a los avales del ICO y a la moratoria concursal
UN PLAN ABORTADO
El Gobierno aparcó en abril el plan de llevar las reclamaciones aéreas a la vía administrativa
MIEDO AL OTOÑO
El bloqueo asoma tras el verano si retorna la litigiosidad aérea y se disparan los concursos