Las medidas para alejar al rey Juan Carlos dependen de la causa judicial
El anterior jefe de Estado será quien comunique su decisión de apartarse
La decisión de apartar definitivamente al rey Juan Carlos del ámbito de la Corona no se tomará en caliente; será fruto del común acuerdo entre el actual titular y su padre, comunicada al Gobierno y hecha pública por el anterior jefe de Estado. Las voces de, entre otros, Felipe González, que apelan a la presunción de inocencia y al respeto al legado institucional del rey Juan Carlos, han rebajado la presión sobre la Zarzuela, que se decanta por esperar, si no hay más novedades, a la resolución de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha abierto diligencias en busca de indicios de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En el comunicado que la Zarzuela hizo público el pasado 15 de marzo, en el que el Rey ya tomó partido por la ejemplaridad y la transparencia, se notificaba la retirada de la asignación oficial al rey Juan Carlos, así como la renuncia expresa a cualquier herencia que pudiera recibir en el futuro. También se añadía un punto que ahora que ahora se revela fundamental.
A petición del rey Juan Carlos, se incluyó un párrafo en el que se dice: “Que ha designado para su representación al abogado Javier Sánchez-junco Mans, que, en el ejercicio del derecho a la defensa, será a partir de este momento quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que le puedan afectar y se consideren procedentes”. De esos párrafos se desprende que será el citado letrado, en nombre del rey Juan Carlos, quien, llegado el momento, comudecisión, nique qué medidas se van a tomar en función del resultado de las investigaciones judiciales. En estos momentos, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas diligencias por si existen indicios de que el anterior jefe de Estado hubiera cometido un presunto delito de banqueo de capitales y fraude fiscal, pero aún no se ha pronunciado al respecto.
Mientras tanto, el aluvión de informaciones, basadas en las declaraciones, como investigados, de
Corina Larsen, Dante Canónica y Arturo Fassana, ante la Fiscalía suiza, y la reproducción de las cintas que el comisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, grabó a Corina Larsen, están teniendo el mismo efecto que el del desbordamiento de un pantano amenazando con romper la presa.
Desde diferentes ámbitos, incluido el Gobierno, se ha instado a la Zarzuela a que tome medidas para desgajar al rey Juan Carlos del tronco de la Corona y, con esa proteger a la institución y, sobre todo, blindar la figura del actual Rey. La retirada del título honorífico de rey y su expulsión de la familia real son los correctivos que se barajan en algunos medios, sin descartar una pena mayor de destierro o exilio.
La situación actual del rey Juan Carlos deriva de una serie de decretos para cuya derogación o modificación se precisa un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros y, sobre todo, el consentimiento del actual Rey. Juan Carlos de Borbón tiene la dignidad y tratamiento de rey (que no los derechos que solo corresponde al Rey en ejercicio) de acuerdo con el decreto ley de fecha 13 de junio del 2014, aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy. En él se añade una disposición transitoria a un decreto ley anterior que regulaba los honores y títulos de la familia real. En la nueva disposición, que entró en vigor después de que el Congreso aprobara la ley orgánica que regulaba su abdicación, se señala que “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias”. Su pertenencia a la familia real se deriva del real decreto de fecha 27 de noviembre de 1981 que “restringe el ámbito de la Familia Real al Rey, su Consorte, sus ascendientes de primer grado y sus descendientes”.
Al igual que sucedió con la infanta Cristina, el rey Juan Carlos no puede renunciar voluntariamente ni a su título, ni a su pertenencia a la familia real. Para hacerlo efectivo sería necesario, con el beneplácito del Rey, que el Consejo de Ministros aprobara un nuevo decreto ley o una disposición transitoria en los ya existentes que derogara las disposiciones vigentes.
Si podría, el anterior jefe de Estado, por voluntad propia y de conformidad con el actual, abandonar su residencia en el palacio de la Zarzuela y renunciar a cualquier otra dependencia perteneciente al Estado, y trasladarse a vivir a un domicilio particular dentro de España, siempre que se garantizara su seguridad. La opción de vivir en otro país no parece factible, toda vez que sería un exilio encubierto, al que, según todas las fuentes, el rey Juan Carlos no está dispuesto.
En cualquier caso, fuentes del entorno del anterior jefe de Estado aseguran que no tomará ninguna decisión hasta que exista una decisión judicial en cualquiera de los supuestos posibles.
El anterior monarca no puede renunciar ni a su título ni a ser miembro de la familia real, al estar regulados por ley
Las declaraciones de González en las que apela a la presunción de inocencia han rebajado la presión
“Era el día de estar todos y de ser dignos para honrar el recuerdo de las víctimas”, asegura a La Vanguardia la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ante la presencia de los presidentes de Catalunya y Euskadi, Quim Torra e Iñigo Urkullu, en la ceremonia de Estado que el pasado jueves homenajeó y despidió a los fallecidos por coronavirus en España.
En la Moncloa celebran, en todo caso,, el regreso de los máximos representantes de Catalunya y Euskadi a este tipo de actos institucionales y también a los órganos multilaterales que convoca el Gobierno de España, donde durante muchos años causaron baja. Su ausencia se acabó convirtiendo en la norma, no en la excepción. Pero ante la emergencia sanitaria y la declaración del estado de alarma, Pedro Sánchez resucitó la conferencia de presidentes autonómicos, el foro de máximo nivel político para la cooperación entre el Estado y los territorios que creó José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 y que languidecía, tras apenas seis citas en las que se acabó convirtiendo en mero escenario para la pugna partidista entre el PP y el PSOE. Artur Mas, como presidente de la Generalitat, participó por última vez en la reunión del 2012. Y, junto a Iñigo Urkullu, también asistió al funeral de Estado
por Adolfo Suárez en la catedral de la Almudena, en el 2014. Pero el presidente de la Generalitat ya no volvió y el lehendakari también dejó de asistir a las conferencias de presidentes. En su última cita del 2017, celebrada durante el mandato de Mariano Rajoy, Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu dejaron vacías sus sillas.
Pero Urkullu y el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, volvieron a sentarse en este foro el pasado 15 de marzo, con ocasión de la declaración del estado de alarma por parte de Sánchez, de manera telemática. Pese a que no fueron reuniones plácidas, y ambos emitieron duras críticas, Torra y Urkullu aguantaron en su sitio, domingo tras domingo, durante catorce citas consecutivas, hasta el pasado 14 de junio. El presidente del Gobierno anunció que la próxima cita de la conferencia de presidentes sería este mes de julio, ya de forma presencial. Y, aunque todavía no está convocada, la pretensión es que ambos sigan en sus puestos, junto al resto de sus homólogos.
Que también lo celebran. “Yo nunca había visto a Catalunya y Euskadi en una conferencia de presidentes”, resalta Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana desde el 2015. “Y que volvieran a las conferencias y asistieran a la ceremonia de Estado también es muy relevante políticamente, es muy importante”, subraya. Puig, al igual que otros dirigentes políticos, hace suyo el deseo de que “lo que la pandemia ha unido, no lo separe la política”. Y, aunque nadie pueda poner la mano en el fuego sobre si este “regreso” de Catalunya y Euskadi será un simple paréntesis o se consolidará, muchos coinciden en que “esta nueva dinámica va a tener consecuencias, porque no se puede pasar del blanco al negro en dos días... aunque algunos son especialistas en eso”.
Otros dirigentes del PSOE, no obstante, advierten que “no es lo mismo Urkullu que Torra”. Y atribuyen al lehendakari un perfil institucional, y más transversal que nacionalista, mientras que lamentan que Torra en reiteradas ocasiones utilice su cargo como presidente de la Generalitat como plataforma para su activismo independentista. Máxime ahora, según temen, ya que Catalunya se encuentra de nuevo en pleno escenario preelectoral.
El presidente de la comisión de reconstrucción del Congreso, el exlehendakari Patxi López, asegura que este “retorno” de Urkullu y Torra es la mejor muestra de “normalidad institucional”. Y, en el caso de Urkullu, celebra que “siempre es una buena noticia esa participación, porque el lehendakari tiene que estar siempre allí donde se hable de los intereses y problemas de la ciudadanía vasca”.
CARMEN CALVO
“Era el día de estar todos y ser dignos para honrar el recuerdo de las víctimas”
XIMO PUIG
“Que Catalunya y Euskadi estén presentes es muy relevante políticamente”
PATXI LÓPEZ
“Es la mejor muestra de normalidad institucional, siempre es buena noticia”