Sánchez preserva la política laboral y las pensiones de la pugna europea
El presidente calma alarmas internas sobre nuevas imposiciones en la negociación
Pedro Sánchez voló el pasado viernes a Bruselas dispuesto a “dejarse la piel” en la durísima negociación del fondo de recuperación europeo y el marco financiero plurianual hasta el 2027, en interés no solo de España sino, según defiende, de toda la Unión Europea. Su objetivo es que los países más afectados por la pandemia del coronavirus, como es precisamente España, puedan afrontar “una salida rápida, en uve y no en ele” de la crisis. Y no se queden tirados en la cuneta, dinamitados los planes de crecimiento económico y creación de empleo y lastrados por un enorme incremento del déficit público y la deuda.
En la Moncloa, ante las recurrentes demandas que volverían a esgrimir Holanda y los denominados países frugales del norte, ya advirtieron de la línea roja con la que llegaban a la intensa negociación: “No vamos a aceptar que nos quieran imponer reformas de otro tipo”, zanjaron, en referencia al habitual “fetiche” de los países del norte sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones de España. En el Gobierno, en cambio, ponen el acento en “acelerar las reformas en el ámbito verde y digital”. “España está a la vanguardia de la transformación verde y digital”, insisten. Y esta, aseguran, sigue siendo la férrea posición de Sánchez.
En la Moncloa han pasado cuatro largos días, con sus noches, conteniendo el aliento ante el curso de las negociaciones en Bruselas. Pero en el Gobierno aseguraban ayer que Sánchez mantenía firme el pulso, ante los embates de Holanda y el resto de frugales, y que la política laboral y las pensiones no estaban en el debate europeo. “No está encima de la mesa, ni lo va a estar”, afirmaban tajantes. Así, además, lo transmitió directamente el propio Sánchez para callaboral, mar los temores suscitados en algunos sectores del Gobierno.
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, alzó ayer la voz de alarma: “El fondo de reconstrucción europeo no puede condicionar la política laboral ni de pensiones en España, es una injerencia intolerable en la democracia de nuestro país y es contraproducente para los intereses de la mayoría social”. Una posición que secunda el líder de la UGT, Josep María Álvarez. Pero el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aprovecha la ocasión para demandar que se paralice el desmontaje de la reforma laboral del 2012. En el Gobierno replican que el acuerdo programático suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, que compromete la derogación al menos de los aspectos más lesivos que atribuyen a dicha legislación “sigue estando vigente”.
De la negociación europea emerge, en todo caso, el debate sobre si Sánchez verá limitado y condicionado su margen de actuación para la legislatura en curso. En la dirección del PSOE lo atenúan, y establecen prioridades: “Es importante que salga el acuerdo en Bruselas, luego siempre va a haber margen”, defienden. Y aseguran que “la condicionalidad no tiene que ser negativa”. “Estamos preparados como país para adaptarnos a las prioridades europeas”, resaltan.
En otros sectores socialistas, no obstante, alertan de que el presidente del Gobierno sí verá limitado el margen de actuación. “Sin duda”, corroboran. Aunque advierten que “no es nada que no entre dentro de la normalidad”. Al margen del fondo de recuperación, pero muy vinculado a su dimensión final, estas fuentes sí advierten que el presupuesto de la UE para los próximos siete años puede mermar recursos para las políticas tradicionales de las que se beneficia España, como la Política Agrícola Común (PAC) o el Fondo de Cohesión.
En el Gobierno, no obstante, insisten que la prioridad de España es que este marco financiero plurianual garantice “una dotación adecuada” para la agricultura y la cohesión, “y que no haya recortes”. Y, en cuanto al fondo de recuperación, aceptan que exista una “razonable supervisión” de los estados miembros. “Es legítimo que algunos países quieran saber en qué se gasta el dinero”, admiten. “Los frugales tienen que saber en qué se gasta el dinero, es normal”, reconocen.
Pero sin que se vuelva a activar la figura de la troika comunitaria y los hombres de negro para supervisar la aprobación de planes y el libramiento de recursos. Ni mucho menos que cualquier país, por diminuto que sea, pueda tener capacidad de veto. “España no va a aceptar vetos de nadie”, insisten. Ni que se imponga una “austeridad a ultranza” como la que imperó como respuesta a la crisis de deuda del 2010. Pero a partir de ahora todo, asumen, será muy complicado.
HOJA DE RUTA DE LA COALICIÓN “No están encima de la mesa ni lo van a estar”, zanja el Gobierno sobre reformas impuestas
LA LEGISLATURA EN CURSO Sectores socialistas avisan: el acuerdo en Bruselas puede limitar el margen de actuación