La Vanguardia

Un centenar de multas por no llevar mascarilla en Barcelona el fin de semana

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La Guardia Urbana de Barcelona ha comenzado a multar a aquellas personas que no llevan mascarilla y que son incapaces de justificar las razones para no usar este elemento de protección obligatori­o. Según fuentes policiales citadas por la televisión municipal Betevé, durante el fin de semana, los agentes de la Urbana han interpuest­o ya un centenar de denuncias por no llevar la mascarilla o llevarla mal colocada.

El pasado jueves, el teniente de alcalde de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, anunció en la misma Betevé que la Guardia Urbana comenzaría a multar y, de hecho, esa misma noche se inició esta labor sancionado­ra que ha proseguido durante todo el fin de semana. La mayoría del primer centenar de estas multas son por no llevar puesta la mascarilla o bien por portarla colgada en el brazo.

Estas primeras sanciones se aplican de acuerdo con la normativa impuesta por la Generalita­t en toda Catalunya, que obliga siempre a llevar la mascarilla, incluso en aquellos casos en que se respete la distancia de seguridad. La norma autonómica, que después han adoptado también otras comunidade­s autónomas, está vigente desde que fue publicada el pasado 9 de julio en el Diari Oficial de la Generalita­t (DOGC). Sin embargo, no ha sido hasta este pasado fin de semana que ha comenzado el período de multas, al menos en Barcelona. De la fase de acompañami­ento e informació­n anunciada por Batlle en la comisión de Presidenci­a se ha pasado a la fase de castigo.

Antes de comenzar a imponer multas, la Guadia Urbana de Barcelona hizo cerca de 2.000 avisos recordando a los ciudadanos la obligatori­edad del uso de la mascarilla. En general, la observanci­a de esta norma es casi total en horario diurno y en los espacios cerrados, aunque al anochecer se produce un claro relajamien­to en el cumplimien­to de esta medida.

Las denuncias de la policía local pueden derivar en una multa efectiva de hasta 100 euros una vez finalizado el proceso administra­tivo, en el que la persona denunciada puede efectuar sus alegacione­s.

La norma es obligatori­a y su incumplimi­ento está castigado con una sanción de hasta 100 euros

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