Fondo europeo y condicionalidad
Es lógico que no sea un camino de rosas llegar a un acuerdo cuando sobre la mesa hay en juego un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros a los que añadir al menos un billón más de presupuesto plurianual y cuando son 27 los líderes que hay en la negociación. Pero teniendo ante nosotros una crisis de magnitud descomunal, la mayor de la historia reciente, no hay excusa para que no haya acuerdo en el contexto de una supuesta unión europea porque el beneficio de la unión no es un juego de suma cero, ya que todos salen ganando.
En una negociación todos han de ceder y en este caso hay dos claros bandos en la negociación bautizados como frugales y el resto, aunque en algunos temas concretos los bandos difieren. En el fondo los bandos responden al estado de las finanzas públicas, lo que condiciona la capacidad de maniobra futura de la política fiscal sin ayudas europeas. Entre los más endeudados están los países más golpeados por la crisis económica de la Covid-19, lo que debería ser tenido muy en cuenta por los países con más margen fiscal porque este mayor margen crea situaciones de agravio comparativo al alterar las condiciones de la competencia a nivel europeo. Nadie cuestiona las ayudas de Estado, pero sin que distorsionen la competencia.
Entiendo la posición de los países frugales cuando exigen condicionalidad en el acceso de las ayudas europeas, sobre todo si son en forma de subvenciones en favor de países que llevan años sin implementar reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad. Y lo entiendo más aún si son en favor de economías que han desaprovechado el último ciclo expansivo para mejorar sus finanzas públicas, como es el caso de España. Y esa condicionalidad no debe ser interpretada como una intromisión en la soberanía nacional si se limita a trazar las líneas básicas de las reformas estructurales que los gobiernos nacionales deben proponer y concretar.
Por aquí ya pasó España con la condicionalidad que impuso el memorándum de entendimiento (MOU) que acompañó al “rescate” bancario en 2012, gracias al cual se hicieron las reformas que hace años deberían de haberse hecho y que permitieron reestructurar el sector bancario para hacerlo hoy más competitivo y resistente de cara al impacto del Covid-19.
Nadie discute que España tiene un problema de déficit estructural, que el actual sistema de pensiones tiene un serio problema de viabilidad, que el mercado de trabajo presenta ineficiencias o que la baja productividad es nuestra asignatura pendiente desde hace décadas. Por tanto, la hoja de ruta de la reconstrucción que necesita sí o sí ayuda europea debe dirigirse no solo a recuperar el nivel de PIB y empleo previo al inicio de la pandemia, sino a corregir los problemas estructurales que exigen reformas. Si la condicionalidad que exigen nuestros socios europeos es implementar las reformas estructurales, no la veamos como una invasión, sino como una oportunidad para hacer lo que hace años deberíamos de haber hecho. Es posible que tenga un coste político porque exige sacrificios difíciles de aceptar por los votantes (como la reforma del sistema de pensiones), pero si la necesidad, urgencia y beneficios de las medidas se explican con claridad, no hay que temer ese coste.
Entiendo la condicionalidad para países que llevan años sin implementar reformas
Nadie discute que España tiene un problema de déficit, de pensiones y de productividad