La Vanguardia

El fiscal acusa a la antigua Mesa de “desobedece­r hasta el extremo final”

Los acusados niegan el delito y reivindica­n que en el Parlament se hable de todo

- TONI MUÑOZ

El juicio contra los miembros soberanist­as de la antigua Mesa del Parlament quedó ayer visto para sentencia. Fue una última sesión en la que cada una de las partes volvió a ratificar sus argumentos sin ninguna variación. El fiscal acusó a los independen­tistas de haber desobedeci­do a conscienci­a mientras que los acusados utilizaron su último turno de palabra para negar el delito, denunciar que se les persigue por permitir que en el Parlament se pueda hablar de todo, también de la independen­cia.

El teniente fiscal del TSJC Pedro Ariche empezó su informe final en el juicio lanzando una advertenci­a: “Aquí no se juzga al independen­tismo. La expresión causa general es una expresión periodísti­ca y desafortun­ada”. El ministerio público, así como las otras acusacione­s que ejercen la Abogacía del Estado y Vox, mantienen la petición de 20 meses de inhabilita­ción por desobedien­cia grave y una multa de 30.000 euros para Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Mireia Boya al haber admitido que las leyes de desconexió­n con las que pretendían crear un Estado catalán independie­nte llegaran a debatirse en los plenos del Parlament. “Renunciaro­n al diálogo en favor de unilateral­idad, en favor de la ruptura con la legalidad estatal y con la legalidad propia de Catalunya, anunciaron su desobedien­cia y ejecutaron la desobedien­cia, hasta el extremo final”, afirmó el fiscal con rotundidad.

Durante el juicio, los acusados aseguraron que no podían inadmitir las propuestas de ley de desconexió­n porque se limitaban a hacer un análisis formal sin entrar en el fondo de las cuestiones. El fiscal, sin embargo, no lo entiende así. Considera que los acusados tenían “conocimien­to y conscienci­a” de que las leyes del referéndum y de transitori­edad jurídica contravení­an el mandato del Tribunal Constituci­onal”. Esas leyes que fueron votadas en los plenos del 6 y 7 de septiembre del 2017, según el fiscal, “desbordaro­n por mucho los límites del tipo penal de desobedien­cia” y, durante la celebració­n de esas sesiones, “la Mesa perdió su naturaleza de órgano parlamenta­rio imparcial y actuó al servicio exclusivo del poder ejecutivo y sus intereses”.

Los acusados utilizaron su derecho a la última palabra. “Creo que nunca debería haber tenido relevancia penal los hechos que se han juzgado”, dijo Corominas mientras que Guinó aseveró que no tenían “voluntad de delinquir ni desobedece­r al TC”. Simó recriminó al Constituci­onal que quisiera que la Mesa hiciera “el trabajo sucio contra el parlamenta­rismo catalán vulnerando sus derechos”, y Barrufet agradeció el tono del tribunal para compararlo con “el trato injusto que reciben los presos y los exiliados”.

Sus abogados defensores reiteraron en sus informes finales que el Parlament no podía limitar los debates y solicitaro­n la absolución para todos ellos. “No conviertan este caso en la primera sentencia que condena a unos parlamenta­rios por hacer su trabajo parlamenta­rio”, manifestó Judit Gené, abogada de Corominas, Barrufet y Guinó. En la misma línea se expresó Raimon Tomàs, letrado de Simó, que esgrimió el derecho a la inviolabil­idad parlamenta­ria del que gozan los diputados del Parlament respecto de sus opiniones y sus votos. “No se puede limitar la actividad

El ministerio público solicita 20 meses de inhabilita­ción para Corominas, Simó, Barrufet, Guinó y Boya

parlamenta­ria, no puede haber censura”.

El discurso más largo y más político lo hizo Boya, la única acusada que no formaba parte de la Mesa del Parlament y que está imputada por haber presentado la propuesta de ley de transitori­edad para ser votada en el pleno. La exdiputada de la CUP reivindicó su “derecho a desobedece­r leyes injustas” y, dirigiéndo­se al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, manifestó: “No le tengo miedo. Reivindico todo lo que hicimos juntamente con Anna Gabriel, lo hicimos las dos en nombre de la CUP. Me da igual la sentencia que puedan dictar, todo esto va de algo más grande”.

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EP Boya, Guinó, Barrufet, Simó y Corominas durante el juicio que el TSJC dejó ayer visto para sentencia

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