La movilidad como arma política
Si alguien tenía dudas sobre la polémica generada por las medidas de movilidad urbana y transformación del espacio público aplicadas por el Ayuntamiento de Barcelona, el pleno municipal de ayer no hizo sino confirmarla y elevarla a categoría política. La oposición al completo se lanzó a la yugular del equipo de gobierno comunes-socialistas –que no camina a la una sobre este tema– para criticar unas actuaciones urbanísticas que no han dejado a nadie indiferente.
Era el último pleno antes de las vacaciones y tal vez la conclusión sería aquello de mucho ruido y pocas nueces. Una discusión en la que bancos de hormigón, bolas de piedra, sevillanos, New Jersey, cortes de tráfico y calzadas pintadas de todos los colores fueron los protagonistas. Hubo cruce de reproches y poco más pero la oposición, sabedora de que estas medidas han causado amplio malestar en diversos sectores económicos de la ciudad y han provocado desconcierto en muchos ciudadanos, no quiso desaprovechar la oportunidad.
Así, presentó proposiciones y ruegos para que se revirtieran algunas de estas medidas. Pero la alcaldesa Ada Colau respondió que se mantendrán “para proteger a los peatones” y que estos puedan caminar con espacio suficiente para mantener la distancia social. Nadie duda de la loable finalidad de estas actuaciones y su impacto para reducir la contaminación, lo que se cuestiona es su eficacia y si no hacen más que crear más confusión viaria.
En cuanto a las cuentas municipales, se había calculado que la pandemia tendría un impacto negativo en las arcas del Consistorio de 300 millones de euros. Por eso ayer se aprobó modificar el presupuesto de este año creando un fondo de 90 millones, sacado de inversiones no efectuadas, para actuaciones relacionadas con la Covid-19. Se aprobó con los votos del equipo de gobierno pero también con los del PP y Barcelona pel Canvi, mientras ERC, Jxcat y Cs se abstenían. Que ningún grupo votara en contra muestra la necesidad de reajustar unas cuentas desequilibradas, al tiempo que se abre la puerta a iniciar las negociaciones sobre el presupuesto del 2021. Este año acabará con déficit, pero la buena salud financiera del Ayuntamiento permite poder afrontarlo.
Sobre este tema el pleno reclamó por unanimidad que Barcelona pueda usar el superávit del año pasado –161 millones– y sus remanentes de tesorería, así como poder endeudarse, para luchar contra la Covid-19. Era la respuesta a la propuesta de pacto del Ministerio de Hacienda que el gobierno municipal rechaza si no se dan las condiciones exigidas, más el acceso a los fondos europeos. Cada grupo municipal esgrimió razones diversas para apoyar esa resolución, en un debate del que no fue ajena la proximidad de las elecciones catalanas y la necesidad de cada partido de marcar perfil propio.
La oposición carga contra Colau por sus medidas de transformación del espacio
urbano de Barcelona