Denuncia de la diócesis de Barcelona contra Salut
La Iglesia catalana se siente discriminada por las prohibiciones de Procicat
La pugna entre la Iglesia catalana y el Govern por la celebración de la misa de ayer en la Sagrada Família por las víctimas de la Covid acabará en una denuncia de la diócesis contra Salut.
El arzobispado de Barcelona hizo pública una dura nota ayer a mediodía en la que señala que “ante el poco previsible cambio de actitud de la Conselleria de Salut, en los próximos días iniciaremos las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad y la indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos”.
La nota de la archidiócesis que preside el cardenal Joan Josep Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, fue el desenlace de la pugna que mantuvo hasta el último momento con la Generalitat en relación con la misa en la Sagrada Família por las víctimas de la Covid-19. El Procicat (Plan Territorial de Protección
Civil de Cataluña) había prohibido expresamente el acto por superar las diez personas previstas como máximo para las ceremonias religiosas según una resolución del pasado 17 de julio.
El arzobispado calificó esa decisión de “injusta y discriminatoria”, teniendo en cuenta que habían sido muy rigurosos en el cumplimiento de la normas sanitarias exigidas para los espacios cerrados. Se acordó limitar el aforo a una cuarta parte de la basílica de la Sagrada Familia, cuando “para otros locales interiores más reducidos dicha norma autonómica admite un aforo del 50 %”. Otro de los factores que generaron malestar en el arzobispado fue la insistencia de la Generalitat y el Ayuntamiento para que la Sagrada Familia se abriese a los turistas, cosa que sucedió tanto el sábado como el domingo por la mañana, y en cambio no se aceptase su apertura para un funeral.
Pese a la prohibición, la misa se desarrolló sin ningún impedimento. Desde la dirección general de Comunicación del Govern señalaron que en todo caso el régimen sancionador corresponde al Ayuntamiento porque es quien debe vigilar el cumplimiento de la resolución en su término municipal. Fuentes del Consistorio señalaron que “es la Generalitat quien no autoriza y a quien corresponde tomar las medidas que considere más oportunas”.
No hubo problemas de aforo e incluso hubo menos de las 500 personas previstas inicialmente. La representación política fue mínima. Varios consellers de la
Generalitat ya habían anunciado que no acudirían y tanto la alcaldesa Ada Colau como el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, comunicaron que habían decidido no participar para no contradecir las indicaciones de la Generalitat. “Desde nuestras responsabilidades de gobierno de la ciudad no podemos desatender las disposiciones del Govern, que acatamos desde el desacuerdo más absoluto”, afirmó Batlle, quien dijo que se unía “solidariamente” a todas las víctimas siguiendo la misa por televisión. La eucaristía fue retransmitida por 8tv, 13TV, Ràdio Estel e internet. Un compañero de partido de Batlle, Ramon Espadaler, fue de los pocos políticos presentes.
La tensión entre el Govern de la Generalitat y la Iglesia catalana ha ido en aumento en estos últimos días y no solo por las medidas del Procicat. La decisión del Departament de Justícia, que dirige ERC, de denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia y de crear una oficina de mediación provocó también una contundente réplica del arzobispo de Urgell, Joan-enric Vives, esta semana pasada.
SAGRADA FAMÍLIA
El arzobispado desoye las indicaciones del Govern y permite público en la misa