Las cuevas de Ali Babá
Las primeras señales de alarma aparecieron hace dos años. Los datos de delincuencia en Barcelona crecían sin freno espoleados por el éxito turístico y por la tibia gestión de la seguridad que ejercía el gobierno municipal. Las cifras eran incontestables y elevaron Barcelona al triste liderato de las ciudades más inseguras de España. Así lo percibieron los ciudadanos que, en enero del 2019, colocaron la seguridad como la principal preocupación vecinal. Esta situación no se vivía en la ciudad desde hacía diez años. Pero lo más grave e inédito es que la inseguridad se ha mantenido durante casi dos años como el problema más grave que tiene Barcelona a ojos de sus vecinos.
Naturalmente, este asunto marcó el debate de la campaña electoral del año pasado. Tras las elecciones, llegaron el verano y los hechos delictivos, especialmente los robos violentos que consolidaron a Barcelona como líder absoluto de ciudades con peores datos de inseguridad. Es cierto que la llegada del teniente de alcalde Albert Batlle al frente de la Guardia Urbana ha supuesto un cambio en la política en materia de seguridad. También es verdad que se han incorporado más policías. Pero el problema ha crecido tanto que se ha enquistado. En el mainstream de los delincuentes se ha instalado que el delito en Barcelona sale muy barato. Se puede robar tantas veces como se quiera porque la ley no tiene en cuenta la reincidencia. Y, además, la legislación y sus
Es muy grave e inédito que la inseguridad se mantenga casi dos años como el principal problema de Barcelona
ejecutores son benevolentes con la violencia que ejercen los ladrones.
De nada han servido las propuestas que surgieron hace un año de la sociedad civil barcelonesa, liderada por Foment del Treball, para atajar esta situación. Se pidió mayor implicación de los fiscales y jueces, se fue al Congreso de los Diputados a requerir a los partidos políticos que impulsaran pequeños cambios en el Código Penal para agravar la reincidencia. El concejal Batlle se ha pateado infinidad de despachos judiciales, administrativos y políticos rogando soluciones. Pero, de momento, ha sido como predicar en el desierto. Como respuesta, solo ha recibido palmaditas en la espalda, buenas palabras y vagas promesas.
Y así estamos. Con la inseguridad instalada como primer problema de Barcelona a pesar de que la pandemia nos ha encerrado en casa durante buena parte de este 2020. Los ciudadanos se sienten inseguros y los delincuentes se ven fuertes. Los datos de los Mossos d’esquadra son muy elocuentes. Hay 159 delincuentes reincidentes que se alojan en 48 casas okupas. Sus residencias son una especie de cuevas de Ali Babá donde cada día llegan nuevos adeptos, muchos de ellos jóvenes extutelados por la Generalitat que el sistema ha dejado en la calle sin papeles para trabajar honradamente y que encuentran en la delincuencia la única forma de sobrevivir. Las fuerzas de seguridad saben quiénes son y dónde viven, pero no pueden hacer más que seguirlos, detenerlos y saludarlos cuando salen en libertad a las pocas horas riéndose de los policías que les dieron caza. Un escándalo mayúsculo que parece que hayamos normalizado.