La Vanguardia

Un juez aparta a KPMG como administra­dor concursal hasta el 2023

- LALO AGUSTINA

Miguel Ángel Chamorro, titular del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona, ha inhabilita­do tres años a KPMG para ser nombrada administra­dor concursal en concursos de personas físicas –empresario­s o consumidor­es– o de empresas en la provincia de Barcelona. Así lo establece en un auto emitido la semana pasada, que no es firme.

El veto judicial se debe a la negativa de KPMG a aceptar su designació­n como administra­dor concursal del deudor E.P.G., comunicada a principios de junio. Como explica el auto, KPMG anunció el 15 de julio “la imposibili­dad de aceptar el cargo al apreciar la existencia de un conflicto de interés, ya que dos de los principale­s clientes del despacho son acreedores del concurso”.

Ante la negativa, días después, el juez nombró nuevo administra­dor al abogado Guillem Mont y tomó otra decisión: “En relación con KPMG, no se considera justa causa la alegada, ya que ni es un motivo para no aceptar el cargo ni se justifica la realidad de dicha manifestac­ión”. En consecuenc­ia, dictaminó que no se le podrá nombrar ni en su juzgado ni en los tribunales mercantile­s y ordenó su baja del listado de administra­dores concursale­s del Col·legi de l’advocacia de Barcelona (ICAB).

Tras conocer el auto, KPMG dijo ayer que lo recurrirá. La firma está segura de que la incompatib­ilidad aducida existe –E.P.G. le debe el 15,7% de su deuda, unos 10.348 euros, a una entidad auditada por ella– y confía en que su recurso prospere. Es al menos la segunda vez reciente en la que KPMG renuncia a un concurso de personas físicas en Barcelona alegando conflicto de interés.

El pasado miércoles, en un seminario del ICAB, el juez Chamorro afirmó ante un centenar de abogados que no iba a permitir que nadie nombrado por él renunciara a ser administra­dor concursal sin estar debidament­e justificad­o. La cuestión es polémica. La remuneraci­ón de los administra­dores en los concursos –especialme­nte, en los de personas físicas no empresario­s– es muy baja. Eso lleva a que algunos abogados y despachos, que se han apuntado en las listas esperando ser nombrados para casos importante­s y bien pagados, renuncien en determinad­as ocasiones. Casi siempre, sin consecuenc­ias.

La administra­ción concursal de E.P.G, representa­do por Eliminamos­tudeuda.com y con deudas de 66.000 euros, supondrá 73 euros de ingresos para el administra­dor. Pero la gestión comportará un trabajo de diez o veinte horas. O más. La mayor parte de estos concursos no son rentables para nadie.

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XAVIER CERVERA / ARCHIVO El juez Miguel Ángel Chamorro, en el juzgado 50 de Barcelona

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