La juez envía de nuevo a la cárcel a cinco de los presos del 1-O
La magistrada suspende el tercer grado tras recibir un recurso de la Fiscalía y pone fin al régimen de semilibertad de que disponían
Cinco presos independentistas de Lledoners regresaron ayer a prisión y ya no volverán a salir hasta que lo decida el Tribunal Supremo (TS). La juez de vigilancia penitenciaria suspendió su tercer grado tras recibir un recurso de la Fiscalía que, atendiendo al nuevo criterio impuesto por el Supremo, solicitaba que se paralizase la semilibertad hasta que hubiera un pronunciamiento judicial.
En la práctica, esto significa que los presos retroceden al segundo grado penitenciario, sin posibilidad de beneficiarse de la semilibertad de la que han disfrutado apenas dos semanas –que les permitía ir a dormir en prisión solo de lunes a jueves y pasar los fines de semana en casa– ni tampoco disfrutar del 100.2, un régimen flexible con el que podían salir a trabajar o a hacer voluntariado.
La decisión fue muy rápida. Por la mañana, el ministerio público recurrió el tercer grado de seis presos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Y por la tarde, la juez de Lledoners aceptó la petición de la Fiscalía y suspendió la semilibertad de aquellos presos sobre los que tiene jurisdicción. Falta saber qué ocurre con Forcadell, que depende de un juez de vigilancia de Wad-ras, y con Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, que seguirán de momento con el tercer grado porque la Fiscalía no ha tenido tiempo para redactar los recursos.
A pesar de que los jueces de vigilancia penitenciaria habían avalado las salidas de los presos como parte de su tratamiento penitenciario y por su buena conducta, la realidad es que el auto de la Sala Segunda del TS dictado la semana pasada lo ha cambiado todo. En aquella resolución, el Supremo se pronunciaba sobre Forcadell, pero sus críticas podían extenderse al resto de presos. Alertaba que la adopción del 100.2 era un tercer grado encubierto que representaba un fraude de ley y que reinterpretaba la sentencia condenatoria que dictaron contra los exdirigentes independentistas. El auto, sin decirlo, era una advertencia que aludía al resto de jueces de vigilancia penitenciaria y audiencias provinciales, que habían avalado la salidas de los presos con arreglo al 100.2. Prueba de ello es que las reacciones a aquel auto fueron inusualmente rápidas. Apenas pocas horas después de la resolución, la Audiencia de Barcelona elevó al Supremo todos los recursos que la Fiscalía había presentado en contra de los 100.2 de los presos y que tenía sobre la mesa pendientes de resolver.
Y ayer, la juez de Lledoners abogó por adoptar un criterio favorable a la Fiscalía a pesar de que el Supremo solo había previsto la paralización de la semilibertad en caso de los recursos de apelación y no de alzada como el que se presentó este martes. En cualquier caso, las posibilidades de que los presos puedan volver a salir a trabajar o a hacer voluntariado son prácticamente nulas. El Supremo se arrogó la potestad, en tanto que tribunal sentenciador, de revisar todo el itinerario penitenciario de los presos, competencia que en el caso del 100.2 correspondía a las audiencias provinciales. Ahora cabe la posibilidad de que las juntas de tratamiento de las cárceles puedan proponer de nuevo un 100.2 para los presos, pero esta vez acabaría en el Supremo y nadie duda que sería revocado.
Ayer, la Fiscalía presentó un recurso contra el tercer grado de los presos con el argumento de que no reconocen el delito, no han cumplido una cuarta parte de la condena y no están sometidos a un programa de tratamiento relacionado con el delito de sedición por el que fueron condenados, por lo que considera que la adopción de los permisos es prematura. Asimismo, el ministerio público se expresaba en términos muy contundentes contra las cárceles catalanas a las que acusaba de “vaciar de contenido la sentencia del Supremo” que provocaba un “efecto de total impunidad”.
De hecho, el fiscal asegura que las resoluciones que han dictado las cárceles y que fueron avaladas por la Generalitat iban dirigidas “no tanto a la rehabilitación del delincuente sino exclusivamente para alterar la decisión condenatoria de la sentencia del Supremo y su efectivo cumplimiento”.
EL RESTO, A LA ESPERA Junqueras, Forn, Romeva y ‘los Jordis’ vuelven a la cárcel y se quedan sin salidas
“EFECTO TOTAL DE IMPUNIDAD” La Fiscalía acusa a la Administración catalana de vaciar de contenido la sentencia