La Moncloa niega toda “interferencia” y apela al diálogo ante los conflictos
En la Moncloa se aferraron ayer al consabido “respeto” por todas las decisiones judiciales, gusten más o gusten menos, para no fijar posición ante la suspensión del tercer grado penitenciario, a instancias de la Fiscalía, de los presos del procés.
Ahora bien, también insistieron en desmarcarse de la decisión y demandaron que ERC no la utilice como excusa para cerrarse en banda ante la próxima negociación de los presupuestos generales del Estado. “A estas alturas, ERC sabe perfectamente que el Gobierno no interfiere en las actuaciones judiciales”, alegaron. “Tiene que diferenciar entre los entornos de actuación del Gobierno y los que no corresponden al Gobierno”, insistieron.
Lo mismo ocurre, según señalan en la Moncloa, con la mesa de diálogo bilateral entre ambos gobiernos sobre el “conflicto político” en Catalunya, cuya reunión reclama ERC para negociar las cuentas públicas. “Nosotros estamos disponibles para la mesa, pero si Torra no se quiere reunir no nos pueden responsabilizar a nosotros”, zanjaron. Y aunque ya no sea posible reunir la mesa en julio, según el compromiso que asumió Sánchez, advirtieron que tampoco tendrían inconveniente en convocarla en agosto. “Aquí vamos a estar”, anunciaron.
En el mismo sentido se manifestó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. “El Gobierno siempre ha mantenido una posición clara: estamos disponibles para la celebración de la mesa de diálogo”, aseguró. El “convencimiento profundo” del Ejecutivo, según subrayó, es que “los grandes conflictos y las grandes situaciones de tensión que se puedan vivir en nuestro país tienen que encontrar un cauce a través de los foros de diálogo en los que podamos compartir diagnóstico y llegar a acuerdos consensuados sobre las soluciones que pueda haber en el corto, en el medio y en el largo plazo”. “Nuestra disponibilidad sigue intacta para poder celebrar esta reunión, pero ya depende de la voluntad del Govern de la Generalitat el poder celebrarla”, destacó Montero.
La portavoz del Gobierno advirtió así al vicepresidente Pere Aragonès que “no es exigible al Gobierno aquello que el Gobierno no puede administrar”. “No puede ser exigible que se reúna la mesa de diálogo si nosotros manifestamos disponibilidad. No es por nuestro motivo por el que esa mesa no se convoca en la fecha que habíamos visto óptima a lo largo del mes de julio”, alegó. Montero confió así en que Aragonès revise la cuestión –“espero y deseo que así lo haga”– para que pueda “plantearse la negociación presupuestaria”.