Un paso atrás para los presos del ‘procés’
Diez días ha durado la clasificación en tercer grado penitenciario de los presos del procés. La denominada semilibertad fue ayer revocada por la juez de vigilancia penitenciaria a instancias de la Fiscalía para el líder de ERC Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn y Raül Romeva; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez. Los cinco volvieron por la tarde a la prisión de Lledoners sin saber cuándo volverán a salir, ya que la decisión judicial suspende también los permisos previos de que disponían para trabajar y hacer voluntariado. El futuro de Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell se prevé similar, aunque el recurso de la Fiscalía se ha retrasado por los turnos vacacionales del ministerio público.
La decisión puede ser recurrida y recalará en el Tribunal Supremo, que ya ha manifestado sus reticencias a las decisiones tomadas por los servicios penitenciarios dependientes de la Conselleria de Justícia. Se trata, en cualquier caso, de un duro paso atrás para los presos independentistas que han pasado de salir a trabajar cada día –y, desde hace dos semanas, a disponer de los fines de semana en sus casas– a volver al régimen cerrado sin permisos. Solo los Jordis y Forn podrán solicitarlos al haber cumplido una cuarta parte de la condena.
El tránsito de las decisiones judiciales choca con la necesaria práctica política para la resolución del conflicto catalán. El independentismo asume las resoluciones judiciales como un acto de venganza del poder judicial y cuestiona la voluntad de diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez para encontrar una salida negociada. Las declaraciones de todos ellos antes de volver a la celda y del propio presidente de la Generalitat vuelven a alimentar el choque institucional y la demanda de una amnistía como condición para cualquier avance.
Desde la Moncloa, rechazan las acusaciones. Se pretende aislar la negociación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año del escenario electoral catalán, pero hacerlo también de las decisiones judiciales es mucho más complicado. El Gobierno central, con toda la razón, señala la independencia de la Fiscalía y de los tribunales. Pero, al margen del respeto a las decisiones judiciales, el conflicto político persiste y su resolución pasa por el diálogo y la concertación. Hacen falta gestos que avancen en ese sentido por parte de los dos gobiernos.
La crisis sanitaria, económica y social que atravesamos hace necesario poner el foco en una estrategia de reconstrucción que, al margen del ideal independentista, devuelva a Catalunya las condiciones de territorio emprendedor capaz de afrontar el nuevo reto. Las elecciones que se vislumbran en el calendario podían ser una oportunidad, pero los pasos atrás en la situación de los presos alimentan el discurso del enfrentamiento y alejan la solución.
La decisión es ajena al Gobierno, pero retrocesos
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