Solución tajante y terapéutica
Juan Carlos I abandona España. He ahí una noticia dolorosa y a la vez terapéutica que rescata a la institución monárquica del acecho de una crisis de Estado. Es una noticia también reconfortante, pues revela el denodado esfuerzo del rey Felipe para estar a la altura de los tiempos y mantenerse fiel al discurso moral de su toma de posesión.
En aquel primer discurso, Felipe VI implicaba la institución que encarna en el combate contra la corrupción, una de las mayores lacras de la España democrática. Este combate está teniendo para el Monarca importantes consecuencias personales: renunciar a la herencia económica y a la compañía de su propio padre.
La monarquía no podía soportar por más tiempo, y menos en plena crisis sanitaria y económica, la merma de reputación que estaban causando las informaciones sobre los presuntos negocios opacos y comisiones ilegales del rey emérito, la publicación de las revelaciones ciertas o fabuladas de su amiga personal Corinna zu Sayn-wittgenstein, las investigaciones periodísticas sobre una millonaria cuenta en Suiza o sobre una oscura fundación panameña y, en fin, el eco escandaloso que estas informaciones y revelaciones, ciertas o interesadas, estaban suscitando en las redes sociales y en los medios de comunicación españoles y extranjeros. La supuesta corrupción del rey emérito, preciso es recordarlo, no ha sido demostrada ni tan siquiera juzgada. Pero estaba minando la fuerza ética de la institución monárquica, pilar de nuestra arquitectura democrática.
La decisión del rey emérito no tiene precedentes y ha sido agradecida por el rey Felipe VI. Desde el punto de vista personal y familiar, sin duda ha sido para ambos una decisión dura y difícil. Para la institución monárquica, en cambio, es una decisión tajante y reparadora, pues el propio rey emérito, a pesar de alejarse de España, se pone a disposición de la Fiscalía a través de su abogado Sánchez-junco para responder de sus actos. Es importante subrayar, por consiguiente, que el rey emérito deja de proyectar sus problemas personales sobre la institución, pero no se esconde ni huye de la justicia. Los indicios y revelaciones que se han publicado sobre el escándalo de sus supuestos negocios son lamentables, pero la expatriación de don Juan Carlos, por inédita y expeditiva, es una solución razonable que consigue liberar a la institución monárquica de una carga potencialmente explosiva. Una carga que amenazaba a nuestro sistema democrático.
La justicia debe seguir el curso normal de estas investigaciones y, si de la documentación se deduce la necesidad de imputar a don Juan Carlos, deberá hacerse con el mismo rigor y asepsia con que se ha hecho con otros casos de corrupción política o económica: los casos Gürtel y Bankia, que han conducido a prisión a importantes personalidades del PP; el de los ERE andaluces, que ha significado la condena de dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía; y el caso de Jordi Pujol y sus familiares, en el que el juez De la Mata ya ha finalizado sus conclusiones.
Es pertinente subrayar que todos los casos de corrupción en España han respondido a un patrón similar: la confusión entre poder público, entre cuyas obligaciones está el fomento del desarrollo económico, y el beneficio e interés privado. La moral pública ha cambiado para bien en estas dos últimas décadas. Pero este cambio de paradigma ha cogido con el paso cambiado a muchas personalidades cuyo sistema de valores responde al de otras épocas de menor severidad pública y de mayor laxitud personal. Esto podría explicar, que no justificar, las actuaciones sospechosas de Juan Carlos I, cuyos méritos como monarca, sea cual sea el desenlace judicial de su presunta corrupción, no pueden quedar eclipsados.
El pacto de la transición, que hizo posible enmendar la dictadura, superar la fratricida división de las dos Españas y abrazar la pluralidad cultural y territorial del país, no habría sido posible sin la magnífica actuación política de Juan Carlos I, cuya personalidad histórica quedará definida con grandes luces y tristes sombras finales.
La supuesta corrupción del rey emérito estaba minando la fuerza ética de la institución monárquica