El Gobierno brasileño aprovecha la pandemia para desregular la selva
Pero, más allá de los gestos, no está claro que el plan de Bolsonaro haya cambiado en la Amazonia. En las próximas semanas, el Gobierno animará a sus aliados en el Congreso a aprobar un proyecto de ley (la Medida Provisional 910), que regularizaría todas las áreas publicas de la Amazonia ocupadas ilegalmente en el pasado. Los beneficiarios serán los grandes hacendados y ganaderos, que se consideran los principales responsables de la deforestación y los incendios.
Conocida como la ley grilagem, en referencia a los grileiros, especuladores que falsifican los títulos de propiedad, ofrece una suerte de amnistía para quienes han ocupado ilegalmente 600.000 kilómetros cuadrados de suelo público en la selva amazónica brasileña, un área equivalente a la península Ibérica.
La dictadura militar (1964- 1984) regaló tierras a los grandes latifundistas sin conceder los correspondientes títulos de propiedad. Lula da Silva intentó reconocer la propiedad de miles de campesinos sin tierra con una restricción de 440 hectáreas sobre fincas regularizadas. La ley de Bolsonaro sube este límite hasta 1.650 hectáreas. Mourao defiende la ley, ya que “sin saber quién es el propietario de la tierra no podemos llevar a los que delinquen ante la justicia”.
Se calcula que 50 millones de hectáreas de tierras del Estado han sido apropiadas ilegalmente en Brasil. En teoría, el código forestal obliga a conservar el 80% de la vegetación autóctona en las fincas amazónicas. Pero, según una investigación publicada en la revista Science, el 45% de los terratenientes no cumple con este código.
Las 40 empresas europeas –que incluía Lidel, Marks and Spencer, incluso la filial británica de Burger King– advirtieron en una carta remitida al Congreso brasileño que si se aprueba la ley “dificultará que sigamos comprando productos brasileños”. Pero hay motivos para el escepticismo. Burger King, por ejemplo, es propiedad de Paulo Lemann,
el hombre más rico de Brasil, conocido por su escaso interés en cuestiones ambientales.
La Covid-19 ha ayudado a Bolsonaro a ocultar su agenda de deforestación. Ricardo Salles el ministro de Medio Ambiente, propuso en un consejo de ministros que fue grabado sin su conocimiento, aprovechar que “en la prensa solo se habla de la Covid-19” para “cambiar todos los reglamentos y simplificar las normas” de protección de la Amazonia.
Bolsonaro le hizo caso. Según un estudio del instituto Talanoa, el Gobierno adoptó entre marzo y mayo 195 medidas de desregulación y reducción de derechos indígenas en la Amazonia frente a 16 en el mismo periodo del año pasado.