Un adiós pendiente de la Fiscalía
El ministerio público sigue analizando la documentación remitida por Suiza para determinar si hay indicios penales
El rey emérito se marcha de España pero no sin antes ponerse a disposición de la Fiscalía para cualquier “actuación que considere oportuna”. La explicación es que el ministerio público tiene abiertas unas diligencias de investigación para concretar si la acusaciones iniciales vertidas contra él, por presuntamente haber cobrado comisiones para favorecer al consorcio de empresas españolas en la adjudicación el AVE a La Meca, son ciertas. La persona que lanzó la primera piedra fue la empresaria Corinna Larsen, quien aseguró en una conversación privada pero grabada con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo que había actuado como testaferro del rey emérito, quien, según ella, escondía cuentas en Suiza.
El juez que investigaba a Villarejo no encontró indicios delictivos tras aquella afirmación y archivó la pieza. Esto ocurrió en septiembre del 2018. Tres meses después, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que iniciaba unas diligencias de investigación sobre un posible delito de corrupción en transacciones internacionales. Sospechaba que empresarios españoles podían haber corrompido a funcionarios o autoridades de Arabia Saudí para lograr la adjudicación del AVE a La Meca. La Fiscalía inició su propia investigación antes de decidir si presentaba una querella contra aquellos españoles que hubieran participado en aquella actuación.
En medio de la investigación, irrumpió un fiscal suizo, Yves Bertossa. Tras conocer por los medios de comunicación las afirmaciones de Larsen inició sus propias pesquisas para descubrir si esta habría efectivamente actuado como testaferro del rey emérito. Para empezar, la ha imputado tanto a ella como al gestor suizo Arturo Fasana por un posible delito de blanqueo de capitales. Bertossa estaba dispuesto a compartir su información si las autoridades españolas ofrecían lo que tenían. Ya sí fue. Anticorrupción facilitó la documentación lograda hasta entonces. Por su parte, Bertossa mandó parte de sus pesquisas. Fuentes fiscales explican que por ahora ha remitido las declaraciones de los investigados, así como de diversas testificales, aunque reconocen que todavía falta documentación por entregar.
El pasado mes de junio, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dio un giro y optó porque el asunto saliera de las manos de Anticorrupción y pasara a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los especialistas de delitos de corrupción no tenían formalmente una investigación abierta respecto de Juan Carlos I, aunque sí se tenía documentación al respecto, sobre todo después de los encuentros con Bertossa. En el trasfondo de esta decisión estaba el comunicado de Zarzuela, tres meses antes, en el que se anunciaba que el rey Felipe renunciaba a la herencia que le pudiera corresponder de su padre, “así como a cualquier activo, inversión o estructura finantos ciera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad y los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada”. Una afirmación que, al menos, admitía la posibilidad de que el emérito hubiera manejado fondos opacos.
Con esta decisión, Delgado pretendía garantizar la reserva de las pesquisas y reconocía que el monarca ha sido un jefe de Estado y, por tanto, como alta institución, debía ser la Fiscalía del Tribunal Supremo, con los fiscales de mayo rango, la encargada de analizar si efectivamente hay indicios de algún tipo penal respecto de quien ha sido la máxima representación de España durante cuarenta años.
Fuentes fiscales apuntan que ante los acontecimientos ocurridos no se puede mirar para otro lado. No obstante, reconocen la complejidad de esta investigación.
Por ahora, Juan Carlos I ni siquiera se encuentra investigado formalmente. En el decreto de la fiscal general, se evitó fijar los delique se estarían analizando porque estos se concretarán si finalmente se interpone una querella. De ocurrir, esta tendría que presentarse ante el Tribunal Supremo porque se encuentra aforado. Cuando abdicó, pasó de ser inviolable a aforado. El meollo de las diligencias versan sobre si el dinero que ingresó en una cuenta en Suiza por 65 millones de euros fue un regalo del rey de Arabia Saudí en el 2008 o el pago de una comisiones por parte del consorcio español. Cuatro años después, ese dinero acabó en una cuenta de Larsen. Ella mantiene que fue un regalo porque de lo contrario podría enfrentarse a un delito de blanqueo de capitales.
En el caso de Juan Carlos I, solo podría ser perseguible si pudiera certificarse que el origen del dinero es ilegal y no un regalo o una donación como se mantiene hasta ahora. Otra cosa es el reconocimiento de la existencia de fondos en el extranjero no declarados ante la hacienda pública. El rey emérito tendría la posibilidad de regularizarlos ante la Agencia Tributaria mientras no exista una investigación formal contra él. Fuentes del ministerio público advierten que el estudio de la documentación es lento y no habrá causas ajenas que aceleren la toma de una decisión, ni tan siquiera la investigación en Suiza ni la publicación de ciertos detalles sobre el uso de determinados fondos por parte del emérito.
Tampoco afecta la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de reabrir la conocida como pieza Carol sobre la conversación entre Larsen y Villarejo. De hecho, la semana pasada el instructor decidió reactivar esta causa, que nada tiene que ver con Juan Carlos I ni por la adjudicación del AVE a La Meca, sino por un presunto encargo que habría realizado la empresaria alemana al excomisario de policía para la obtención de unos datos sobre una persona de nacionalidad española que trabajaba como su asistente y que sospechaba que facilitaba información de ella a los medios. Villarejo ofrecía la capacidad de obtener datos reservados por su pertenencia al Cuerpo Nacional de Policía y por lo que está investigado en numerosas piezas. Larsen ha negado ese encargo, aunque está citada a declarar como investigada para el próximo mes de septiembre.
Larsen y Villarejo se conocieron por el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. El magistrado sostiene que este pidió al excomisario, encarcelado desde noviembre del 2017, que ayudara a la empresaria. Ya con Villarejo en prisión fue cuando salieron a la luz las primeras grabaciones de Larsen hablando sobre Juan Carlos I. Desde Anticorrupción se vio como una maniobra del excomisario, que guardaba aquellas grabaciones, como un método de presión y extorsión para lograr su libertad, que no consiguió. Y, de hecho, los investigadores sospechan que aquella grabación estaba preparada como modo de protección de ambos. No obstante, después han aparecido más cintas que los involucra, tal y como ha hecho constar la policía al juez.
DILIGENCIAS
El ministerio público espera la entrega de más documentación por parte de Suiza
EMBRIONARIO
El rey emérito todavía no está investigado formalmente por cuentas en el extranjero
FUTURO INCIERTO
La Fiscalía no quiere precipitarse y estudia todos los datos al detalle