Gobierno y ayuntamientos salvan un acuerdo para relajar la regla de gasto
El trato sale con el apoyo socialista, pero rompe la política de consenso de la FEMP
El Gobierno más emocionante de la democracia salva todos los acuerdos políticos en el último minuto. Y así hizo ayer el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero con el acuerdo logrado en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de aceptar su propuesta para el uso del superávit presupuestario de los ayuntamientos. Eso sí, el acuerdo se ha logrado rompiendo la política que había presidido la FEMP los últimos años y que pasaba por alcanzar todas sus decisiones por consenso.
La propuesta solo recibió el apoyo de los alcaldes socialistas y la abstención de Podemos, IU y los comunes. El voto en contra de PP, Ciudadanos y PDECAT provocó un empate que se deshizo con el voto de calidad del presidente, el regidor socialista de Vigo, Abel Caballero, quien elogió un acuerdo “histórico”, cuyo único precedente, subrayó, es el que alcanzó el órgano que aglutina a las administraciones locales con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también sirvió para inyectar liquidez en las arcas municipales.
Habíamos llegado al viernes pasado con las espadas en alto: la última oferta que había lanzado Hacienda seguía sin lograr el apoyo de ninguna otra fuerza política que no fuera el PSOE. Y de hecho, los alcaldes socialistas la aceptaban por lealtad a las siglas. Es decir, con el morro torcido.
Los grupos asociados en la coalición del Gobierno, Podemos, IU y los comunes, lanzaron un comunicado a última hora de ese viernes para rechazar de plano la propuesta de Montero por insuficiente y técnicamente deficiente. La intensa negociación del fin de semana, en la que participaron varios ayuntamientos (incluido el de Barcelona) y señaladas alcaldías socialistas, así como la secretaría de Estado de Derechos Sociales, adscrita a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, modificaron la propuesta lo suficiente para que Iu-podemos se moviera a la abstención, como anunciaron a última hora del domingo.
Aunque el acuerdo desbloquea de facto una negociación que llevaba semanas encallada, y no ha logrado ni un solo apoyo más que los del propio PSOE, permite el acceso de las entidades locales a recursos procedentes de su superávit, si bien mediante una modalidad contable alambicada. Los remanentes que retiene el Estado se convierte en un préstamo forzado de los ayuntamientos a la caja estatal, a cambio de lo cual el Gobierno permitirá a los ayuntamientos disponer de un 35% de esos recursos este año y el que viene. El acuerdo incluye la promesa gubernamental de modificar la ley de financiación de las entidades locales, para superar el marco establecido en el 2013 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Entre los socios de la coalición la propuesta no produce entusiasmo alguno, y tampoco entre varios alcaldes socialistas, que consideran que no es comprensible tanto celo de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en preservar una norma que aprobó el PP en plena crisis económica como parte de las estrategias de contención del déficit. Las críticas más duras, en todo caso, llegaron desde el PP, cuyos representantes acusan al Ejecutivo de actuar de forma confiscatoria con “los ahorros municipales”. Según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el portavoz popular en la FEMP, Jorge Azcón, la propuesta, al diferenciar entre ayuntamientos en superávit y endeudados, crea de facto “ciudades de primera y de segunda”.
El PP acusa al Ejecutivo de “confiscar los ahorros municipales” y de crear ciudades “de primera y de segunda”