Vía muerta

En el bochorno de este extraño agosto, pienso en los políticos (re)encarcelados. En su momento, apoyé el primer manifiesto del 80%, que criticaba el recurso a la judicialización como herramienta para resolver los conflictos políticos y pedía que las acusaciones de rebelión y violencia no fueran tenidas en cuenta. Pero no quise apoyar el segundo manifiesto porque negaba la división que, como consecuencia de la unilateralidad, se ha producido en Catalunya. Varias encuestas prueban que entre un 70% y un 80% de los catalanes querría resolver este gravísimo conflicto con diálogo y sin presos. Pero favorecer este diálogo implica tres cosas que el independentismo nunca acepta: reconocer errores, estar dispuesto a ceder, admitir que desdeña a la mitad de catalanes.

Clarificada mi posición, subrayo que la obsesión de la Fiscalía para endurecer al máximo la prisión de los independentistas condenados mantiene no solo Catalunya, sino España entera, en una vía muerta. La durísima sentencia del Supremo dejó un pequeño resquicio: no establecía un periodo obligatorio de cumplimiento de la pena. Esta podía haber sido una vía blanda y discreta para salir del laberinto. Pero el propio TS ha decidido obturarla.

En este callejón sin salida, es pertinente recordar las esenciales reflexiones de profesor Sánchez-cuenca sobre la sentencia del procés. 1) Se juzgaron unos hechos que no estaban contemplados en el Código Penal. Normalmente la discrecionalidad de los jueces ya es muy elevada, pero con la sentencia tal discrecionalidad ha convertido en sedición tumultuaria protestas y acciones mucho menos contundentes de las que habitualmente presenciamos en huelgas y movilizaciones. 2) Como respuesta al reto independentista las élites españolas han conseguido imponer una “concepción legalista de la democracia”. Lo decía Lesmes el otro día: no hay democracia sin imperio de la ley. En España, el principio de la legalidad pasa por encima del principio democrático. Los independentistas en cambio, propugnan la idea contraria: el principio democrático está por encima de la legalidad.

Si queremos que el conflicto catalán no provoque una necrosis en nuestra democracia, habrá que hacer confluir los dos principios. Hay que sintetizarlos en lugar de pretender que uno de ellos predomine sobre el otro. En torno a esta síntesis podría iniciarse el diálogo, que, sin embargo, es imposible si ellos permanecen en prisión. ¿Moverá ficha, el Gobierno de España? ¿O también ha quedado paralizado en una vía muerta?

¿El principio de legalidad puede confluir con el principio democrático?