Torra se suma a la oposición local al pacto de remanentes y lo lleva al TC
Alcaldes de distinto signo de toda España firman un manifiesto contra el decreto
En tiempos de fragmentación política pocas iniciativas aúnan el consenso a favor de la inmensa mayoría de los colores políticos. O el consenso en contra, como el que ha provocado en este caso el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya materializado como decreto ley en el último Consejo de Ministros, para relajar la regla de déficit local y que los municipios puedan usar su superávit previa transferencia, eso sí, a las arcas del Estado, que lo iría cediendo paulatinamente. Contra ello ya se está organizando el mundo local, pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido tomar la iniciativa en Catalunya y anunciar ya que el Govern presentará un recurso de inconstitucionalidad sobre el mentado pacto.
“El Govern iniciará todos los trámites legales para recurrir esta decisión”, subrayó ayer Torra en una carta enviada a todos los ayuntamientos de Catalunya, después de recalcar que en la quincena de videoconferencias de líderes autonómicos con Pedro Sánchez por la pandemia de coronavirus ya había reclamado “insistentemente” a la Moncloa que “permita” a los ayuntamientos catalanes “la utilización de la totalidad de los remanentes municipales” para que estos los puedan destinar a las políticas que convengan para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19. Torra calcula un “expolio” de como mínimo 3.500 millones de euros.
Anunciado el recurso, el presidente de la Generalitat invitó en su misiva a todos los alcaldes catalanes a “emprender todas las acciones para impedir y evitar que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral” los recursos municipales. “Como presidente de la Generalitat estaré a vuestro lado para hacer frente a este gravísimo perjuicio a los ciudadanos que representáis”, enfatizó, después que fuentes de Presidència explicaran que el jefe del Govern estaba entablando contactos con agentes y entidades municipales de Catalunya para coordinador una respuesta. Desde la Associació Catalana de
Municipis (ACM), presidida por el posconvergente Lluís Soler, han trasladado a todos los ayuntamientos una moción de rechazo al acuerdo sellado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP, y confían en que su próxima tramitación parlamentaria incorpore sus demandas o frene la convalidación.
En cualquier caso, hoy tendrá lugar una reunión importante en este sentido. El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha citado por videoconferencia a alcaldes de toda España y de diferente signo político para suscribir un manifiesto con la misión de modificar el “injusto” real decreto del Gobierno para el acceso de los ayuntamientos a los remanentes locales. Han confirmado su participación alcaldes del PP, Podemos, Cs, ERC, Jxcat, PNV o Coalición Canaria. “Esto no va de ideologías, sino de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos”, justificaba el alcalde zaragozano. De hecho, el PP ya ha manifestado su intención de recurrir el decreto ley al Tribunal Constitucional por lo que ve como una “invasión” de la autonomía local.
Por todo ello, el aterrizaje del decreto ley en el Congreso anticipa turbulencias. Si el acuerdo en el seno de la FEMP ya se tuvo que valer del voto de calidad de su presidente,
El acuerdo debe ser convalidado en un Congreso que por ahora presenta una mayoría contraria a la iniciativa
el socialista Abel Caballero, para tirar adelante únicamente con el apoyo del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, más complicada se antoja su convalidación en la Cámara baja a principios de septiembre. Una mayoría del Congreso, con PP, Vox, Cs, ERC, Jxcat, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria, Navarra Suma o Compromís ya han anunciado su rechazo, mientras que Unidas Podemos mantiene también una posición muy crítica. “El decreto forzado por Hacienda es un error: trabajaremos desde la unidad municipalista para que se modifique en el Congreso”, ya avisó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.