“Es lo que me dicen, yo no lo he visto”
La testifical del exabogado de Podemos, en la que se basa el caso, es una suma de “rumores” y “cosas raras” que sospecha o le han contado
El titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, cree que en la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente hay indicios de malversación y ha imputado al partido y a tres miembros de su cúpula, Juanma del Olmo, secretario de comunicación y jefe de campaña; Daniel de Frutos, tesorero, y Rocío Esther Val, gerente. Escuchadas las tres horas de declaración de Calvente, si hay un caso contra Podemos dependerá de la luz que arroje la documentación requerida. Será a pesar de la testifical del exabogado, y no gracias a ella.
Todo lo que en la denuncia eran certezas sobre contratos simulados, sobresueldos, comisiones ilegales, autocontratos y caja B se ha verbalizado como “cosas raras” que alguien le contó a alguien, que le contó a otro hasta que llegó a oídos de Calvente. “Rumorología” define él mismo sus sospechas, ante juez, Fiscalía y defensa. Aunque Calvente acusa a Del Olmo, Val y De Frutos junto a Rafa Mayoral y Juan Carlos Monedero (que no están imputados), cuando el juez afila sus preguntas, cimenta su relato en los testimonios de la vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo, a la sazón directora del departamento legal –a la que el juez no puede citar por aforada–; el anterior gerente, Pablo Fernández, y la responsable de normativa interna, Mónica Carmona.
La primera pregunta del juez es si Calvente se ratifica en la denuncia, y él responde que sí. Pero cuando el togado empieza el menudeo, el exabogado de Podemos mengua. “Dice que son contratos simulados...”, comienza el juez. Calvente interrumpe: “Que podrían ser simulados. Tampoco es que lo afirme categóricamente”. Acaba de empezar la declaración, pero esta será la tónica de las tres horas venideras. Menciona los contratos de la campaña del 2019 y los temores de Carmona –que teme validar algún documento que la comprometa– y concluye: “Es lo que sospechábamos todos”. El juez pregunta por qué sospecha que hubo autocontratación (contratar una empresa pantalla para que el dinero revierta en Podemos), y Calvente explica su cadena informativa: “Bueno, a ver, a mí eso me lo explica Pablo Fernández, y a él se lo ha explicado un consejero ciudadano, y a él se lo explican personas de dentro; supongo que son personas confidentes que tiene él”. Y más adelante añade: “Pasan cosas muy raras; nos hacen sospechar que algo muy extraño está pasando ahí”.
El exabogado aduce que trabajadores de Podemos transmiten quejas sobre la campaña, pero el juez no suelta la presa y pide que diga quiénes: “Pues personas de informática, por ejemplo Salva...; a través de Mónica Carmona, una persona de finanzas le comentó que veía cosas raras”. El juez prueba entonces con la documental y pregunta si ha visto los contratos. Calvente niega: “Carmona los pidió y se lo negaron, no pudimos ver absolutamente nada”.
Sobre el presunto cobro de comisiones por Monedero, cofundador del partido, el juez pregunta si tiene constancia: “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (...) Me lo indica Pablo Fernández. Se rumorea, se rumorea en el partido”. El magistrado quiere saber si confirma que 50.000 euros de la caja de solidaridad (la supuesta caja B) fueron a parar a cargos del partido, como dice la denuncia, y Calvente hace un San Pedro: “No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo lo que digo es que no sé si se llegaron a pagarse”.
Pero los mayores apuros vienen a preguntas del fiscal y la defensa. Calvente denuncia el silencio del portal de transparencia, y la defensa esgrime un informe suyo en que aconseja dejar de publicar las facturas por la ley de Protección de Datos. Él niega haber hecho ese informe y dice que es un borrador sacado a traición. El juez lo calma y concluye: “Bueno, pero entonces no es falso”.
Calvente denuncia sobresueldos irregulares de la gerente y el tesorero, molesto –explica– porque se les sube el sueldo en el 2019 cuando el partido reducía gastos de personal ante la presumible pérdida de escaños y por tanto de fondos, una situación, dice, que causa mucho malestar en el partido. El abogado de la defensa aporta la nómina de Calvente, en la que aparece uno de esos complementos que tilda de irregulares: “Pero el mío estaba aprobado por el consejo de coordinación [la ejecutiva de Podemos]”, protesta.