Ayuso, un año de parálisis
La pandemia y la dependencia de Vox lastran el Gobierno de coalición en Madrid
El Ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos en Madrid cumple su primer año de legislatura lastrado por una pandemia que, junto a las dificultades de entendimiento inherentes a la coalición, le mantiene todavía circulando por el carril de incorporación, impidiéndole alcanzar la velocidad de crucero deseada por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), y el vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs).
El lastre social derivado del coronavirus es inapelable como evidenció la instalación de un hospital temporal en el recinto ferial de Ifema y la improvisación de tres morgues –dos de ellas, en sendas pistas de hielo– ante el elevado número de víctimas mortales. Y la factura económica no se antoja menor ya que, tras haber liderado durante meses el ranking mundial de las regiones más afectadas por la Covid-19 –por delante de Lombardía (Italia) y Hubei (China)–, los primeros indicadores pronostican un impacto cercano a los 3.400 millones de euros en las arcas públicas y una caída del 12% del producto interior bruto.
Por si esto fuera poco, la fragilidad de su pacto a tres bandas con Vox ha hecho el resto. De forma que, a pesar de que el Gobierno regional cifra en un 80% el grado de ejecución de su programa, la actividad legislativa ha sido nula al no haber sido capaz de alumbrar una sola ley en estos 12 meses. Una parálisis que ilustra perfectamente la prórroga de los presupuestos aprobados por la expresidenta Cristina Cifuentes en su último año de mandato, o la anunciada reforma de la ley del Suelo que se encuentra en fase de anteproyecto de ley al no contar con el imprescindible apoyo de la extrema derecha.
“Los números en la Asamblea son los que son, y alcanzar mayorías tiene su problemática”, reconocen desde el PP para justificar su querencia por legislar a golpe de órdenes y decretos alimentando, así, el hiperliderazgo de Ayuso. Tanto a escala nacional, erigiéndola en principal azote del Gobierno de Pedro Sánchez, como regional, monopolizando las preguntas de la oposición de forma que las interpelaciones al vicepresidente Aguado se las formula el propio portavoz del grupo parlamentario de Cs.
Esas dos almas chocaron especialmente durante las primeras rampas del coronavirus con la gestión de las residencias de ancianos como punta de lanza. Una competencia inicialmente encuadrada en la estructura de la Consejería de Políticas Sociales, en poder del consejero naranja, Alberto Reyero, y que Ayuso arrebató para otorgársela a la Consejería de Sanidad, dirigida por su compañero de partido Enrique Ruiz Escudero. Los codazos volaban en la Puerta del Sol y no precisamente como convención para respetar la distancia social.
La disputa, junto a la polémica por el contrato fantasma que “se atribuyó por error” a la empresa hotelera Room Mate en la que la presidenta residió tras dar positivo por Covid-19, acabó de tensionar la convivencia hasta el punto de que la propia Ayuso reconoció “haber barajado un adelanto electoral”.
Sin embargo, con el parón estival a la vista, PP y Cs acordaron a finales de julio darse una nueva oportunidad, aprender de sus errores y celebrar su primer aniversario en sintonía. “Hay discrepancias, pero desde la lealtad”, remarcan de uno y otro lado. Así que, para no caer en los mismos errores e inacción, ambos socios de coalición han pactado adelgazar su pacto de gobierno condensando las 155 medidas en un decálogo centrado en la recuperación económica, la creación de empleo, el rechazo a las subidas de impuestos y la actualización del sistema sanitario, entre otros. “España más que nunca necesita de acuerdos más allá de las siglas”, empuñan PP y Cs como aprendizaje para los tres años restantes de legislatura.
Madrid estima en 3.400 millones de euros y una caída del PIB del 12% el impacto económico de la Covid-19