El naufragio de la estrategia judicial
El Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente en la causa seguida contra los líderes del independentismo que organizamos en octubre del 2017 el referéndum de autodeterminación; una causa que ha comportado penas que suman cien años de prisión. No es una opinión, tampoco es ya solo la tesis de una de las partes en conflicto. Es la decisión de la justicia belga cuando se ha podido pronunciar sobre el caso del conseller de Cultura en el exilio, Lluís Puig. La belga, como la alemana o la escocesa, es una jurisdicción en la cual los intereses políticos y las estrategias del Estado español para decapitar, liquidar y criminalizar al independentismo no sirven para nada. Esta es una de las razones por las cuales decidimos ir al exilio. Para poder defender nuestros derechos y los derechos de los catalanes desde una jurisdicción donde estuviera la garantía de imparcialidad, de independencia y, por lo tanto, de justicia que sabíamos que no encontraríamos en España. Todas las evidencias acumuladas hasta ahora nos confirman una cosa —que en Europa tendríamos oportunidad de defender nuestros derechos y los de los catalanes— y la otra —que en España eso era imposible.
Es probable que a muchos la decisión belga les haya cogido por sorpresa. Entendemos las razones por las cuales una parte de la sociedad española asiste atónita a los reveses judiciales que se van acumulando fuera del Estado. No se lo explica. Le habían hecho la promesa electoral de nuestra segura extradición. Desde el inicio de la represión se ha acentuado hasta el paroxismo una constante que recurre décadas y regímenes políticos, y que tiene como objetivo fundamental mantener la hegemonía narrativa en la conquista del imaginario colectivo español. Todo con el fin de impedir el más mínimo riesgo de empatía que cualquier sociedad decente desarrollaría hacia las víctimas de abusos tan flagrantes, cosa que habría representado una presión insostenible a la hora de mantener la estrategia de la negación y estigmatización del movimiento independentista.
Cualquier persona que haya querido aproximarse con rigor al trabajo que estábamos haciendo sabrá que ni hay lugar para las sorpresas, ni tampoco para la elusión de responsabilidades. La fuerza narrativa que tiene el Estado es enorme, y ha conseguido colocar en el imaginario español una serie de falsedades que han hecho fortuna. Sabíamos que nunca las podríamos doblar a corto plazo, porque ni teníamos las herramientas ni los altavoces para conseguirlo. Pero, en cambio, sabíamos que esta es una batalla que se podía ganar en el medio y largo plazo. Las mentiras tienen las piernas muy cortas. Y hoy, y más después de la esperpéntica desaparición de la escena del rey Juan Carlos I, las caretas empiezan a caer.
Comparecimos ante la prensa nada más llegar a Bruselas. Hicimos saber a la justicia belga nuestros domicilios y la disposición a comparecer, cosa que hicimos al cabo de pocos días. Hemos cumplido todas las condiciones que nos han sido impuestas, y cada vez que el Estado ha presentado una orden europea de detención, nuestra decisión no ha sido buscar un país sin tratado de extradición. Ni siquiera es cierto que hemos escapado a la justicia española porque cada vez que hemos afrontado una euroorden estábamos compareciendo ante la acción precisamente de la justicia española. Es más: propusimos declarar por videoconferencia... y nos lo negaron.
El Estado habría tenido que aprovechar los dictámenes del grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias del comité de Derechos Humanos de la ONU. Tenía una oportunidad fabulosa de corregir la deriva en que entró desde que el fiscal general del Estado presentó la querella, en aquel infame documento que llevaba por título Más dura será la caída. Podía haber hecho como hacen las democracias liberales, y como acaba de hacer la justicia belga: reconocer la autoridad del comité de Derechos Humanos de la ONU y actuar en consecuencia. Prefirieron continuar obcecados por la venganza y el castigo ejemplar. Menospreciaron todos los consejos que les han ido llegando y ratificaron la versión judicial del “¡a por ellos!” aquella vergonzosa palabra de orden que se ha instalado en los poderes del Estado, bajo el cual todos abuso les está permitido.
Llega el tiempo de recoger los frutos que hemos ido sembrando durante casi tres años mientras nos insultaban y denigraban incluso como seres humanos. Nuestro objetivo se ha mantenido intacto, no nos hemos doblegado. Fuimos al exilio a preservar el Gobierno legítimo, a preservar el mandato del 1 de octubre, a defender los derechos colectivos y a defendernos de la persecución desde el único sitio donde podíamos hacerlo con garantías. Y a desmontar la farsa judicial construida solo para liquidar un movimiento legítimo, de amplio apoyo, democrático, pacífico, interclasista y europeísta.
Se nos vulneraron derechos fundamentales desde el inicio del proceso judicial, y conscientemente. Eso solo puede acabar de una única manera, y lo saben. Por eso harían bien en entender que la sentencia que afecta al conseller Lluís Puig es el preludio de un efecto domino que solo podrán evitar si sacan de la vía judicial, de la manera más rápida y clara posible, el conflicto entre Catalunya y España y lo reubican en la vía política.
Fuimos al exilio a desmontar la farsa judicial construida
para liquidar un movimiento legítimo,
y democrático