La Seguridad Social confirma un atasco en la gestión del ingreso vital
Solo el 19% de las solicitudes se ha revisado, y muchas peticiones llegan con fallos
Dos meses después de ponerse en marcha la solicitud del ingreso mínimo vital (IMV), uno de los logros clave del Ejecutivo, apenas se han procesado el 19% de las solicitudes y la gran mayoría de las reconocidas son por reconversiones de oficio. La situación amaga con alargarse como la gestión de los ERTE, por momentos caótica y con graves retrasos en los cobros, o de las prestaciones para empleadas del hogar. Y no recibir el ingreso puede empeorar la situación de extrema pobreza que precisamente busca combatir.
Entrando al detalle, se han recibido casi 750.000 solicitudes, informó ayer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, se han analizado 143.000 (el 19%), de las que algo más de 80.000 se han reconocido, 36.500 se han denegado –sobre todo por exceder los niveles de renta y patrimonio– y otras 25.800 están pendientes de que se adjunte documentación. Con estos datos, desde el Ministerio se apunta que el 56% de las solicitudes se aprueban. Pero lo cierto es que el dato resultaría inflado, ya que de las 80.000 dadas por buenas, 74.119 son prestaciones que se reconocieron de oficio –reconversiones desde otras prestaciones familiares que ya se percibían–, según explicaron fuentes del ministerio a La Vanguardia, por lo que apenas unas 6.000 serían nuevos beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social.
El ministro José Luis Escrivá defendió que las cifras están “distorsionadas” y son “poco representativas” del total de beneficiarios que se prevén –850.000 hogares, 2,3 millones de personas– por las duplicidades y la falta de información en gran parte de las solicitudes. A modo de ejemplo, unas 56.000 se han recibido por duplicado y 57.000 tienen la documentación incompleta, según las estadísticas. “Buscamos resolver lo antes posible la prestación a los que justifican la situación de vulnerabilidad”, dijo. Escrivá pidió esperar a septiembre, cuando termine la primera fase de implantación del ingreso, para hacer balance. En parte, porque aún se está en una fase de cruzar datos. “Habrá que ver adónde hemos llegado para, en una segunda etapa, trabajar con aquellos que no han hecho la petición o no han podido hacerla para que tengan la prestación”, declaró.
El ministerio ya ha tomado tres medidas para agilizar procesos. De un lado, un protocolo de intercambio de información con las autonomías para traspasar los datos de solicitudes resueltas. Luego, un proceso de “cruce de datos masivo” con la Agencia Tributaria. Por último, acuerdos con 150 ayuntamientos para que aporten información sobre el padrón. En ese sentido, la mayoría de las solicitudes analizadas y pendientes de resolución no aportaron documentos de empadronamiento.
Desde CC.OO. inciden en que la gestión está siendo “muy lenta” al ser un proceso “laborioso” por los requisitos a cumplir y darse una “insuficiencia de medios humanos y materiales”, apuntó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato. “Es evidente que hay que reforzar plantillas”, reconoció Escrivá. La Seguridad Social se dio tres meses de margen para resolver las solicitudes, plazo que según Bravo puede resultar “difícil” de cumplir sin más medios.
RECONVERSIONES
De las 80.000 reconocidas, 74.119 ya se cobraban antes de crearse el ingreso
TRAMITACIÓN
Escrivá no descarta contratar: “Es evidente que hay que reforzar la plantilla”
El ministerio destaca pese a todo que se ha doblado la velocidad de reconocimientos. “El ritmo de tramitación se ha ido acelerando durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda”, apunta en una nota, con unas 4.000 reconocidas en las últimas dos semanas. En UGT se han mantenido las fuertes críticas de días previos por la gestión. El secretario general, Pepe Álvarez, calificó de “inhumano” que se discuta la falta de documentación en una situación de vulnerabilidad. La central ha puesto en marcha una plataforma para reclamar ante el Instituto de la Seguridad Social (INSS), que ha aprobado “una parte mínima de solicitudes”. Álvarez reafirmó que no se está cobrando la prestación. Fuentes del ministerio aseguran que ya se han pagado dos nóminas –las de julio y agosto– y que sumando la que se abonará el 1 de septiembre se habrán desembolsado 120 millones de euros entre las prestaciones reconocidas.
El ingreso mínimo vital, aprobado en mayo, garantiza una renta de entre 462 y 1.015 euros en función de varios supuestos, como los miembros del hogar, el número de menores y si el núcleo familiar es monoparental.