El desatino judicial belga
La decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que ha rechazado la orden europea de detención (OEDE) emitida por el Tribunal Supremo respecto al procesado Luis Puig Gordi por los delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia, no solo es insostenible jurídicamente por considerar que el órgano judicial requirente es incompetente para emitirla, sino que quiebra, una vez más, los principios fundamentales de la cooperación judicial europea. Con decisiones como esta se puede afirmar, sin ninguna duda, que el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, basado en los postulados del reconocimiento mutuo y de la confianza recíproca, ha fracasado.
No es la primera vez que la justicia belga se muestra esquiva y deniega, con razonamientos tan insólitos como inasumibles en una correcta interpretación del derecho aplicable, las órdenes de detención procedentes de la justicia española, cuestionando la calidad democrática de nuestro sistema judicial y el estándar de respeto a los derechos humanos.
A finales del 2013, un tribunal de Gante rechazó la extradición y entrega a España de una histórica integrante de la organización terrorista ETA, Natividad Jáuregui, alias Pepona, para ser juzgada por tres delitos de asesinato terrorista, entre ellos el del teniente coronel Romeo Rotaeche. Se argumentaba por el tribunal belga que el sistema judicial español no garantizaba el derecho a un juicio justo porque existía el riesgo de que la reclamada pudiera ser sometida a malos tratos (sic). La arbitrariedad e injusticia de la decisión judicial belga han quedado reflejadas cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Bélgica, en julio del 2019, precisamente por estimar que la denegación de la entrega era manifiestamente infundada y suponía una violación del art. 2 del Convenio Europeo de Derecho Humanos (CEDH).
En el asunto que nos ocupa, el tribunal de Bruselas deniega la ejecución de la OEDE aduciendo que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley porque el Tribunal Supremo español no ostenta la condición de autoridad judicial competente para emitirla en el caso concreto. Lejos de acudir a los motivos reconocidos como causas de denegación, obligatorias o facultativas, previstas en los artículos 3 y 4 de la Decisión Marco (DM) de 13 de junio del 2002, el tribunal belga ha optado por erigirse en una especie de jurisdicción constitucional europea y entrar en el análisis de un problema que solo puede ser resuelto por la justicia española. Las disposiciones de la Decisión Marco permiten examinar, a los efectos de aceptar o rechazar la OEDE, la cuestión concerniente a la jurisdicción de los tribunales españoles para perseguir el delito (v.g. artículos 3.2 y 4.2, 3, 5 y 7 de la DM), pero no discutir la competencia específica de un determinado órgano judicial como motivo de denegación.
La razón es evidente. Una vez reconocida la jurisdicción de los tribunales españoles para la persecución del hecho, la competencia de un órgano judicial u otro es un asunto de legalidad ordinaria que no afecta para nada al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y que carece de trascendencia constitucional, salvo que su atribución carezca de previsión legal alguna, lo que no sucede en el presente caso. La ley 23/2014 de 20 de noviembre sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea establece en su artículo 35.1 que la autoridad judicial competente para expedirla es el juez o tribunal que conozca de la causa, y eso es lo único que debe comprobar el Estado de ejecución.
La falta de competencia del Tribunal Supremo la sustenta el tribunal belga en un socorrido dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas de fecha 25 de abril del 2019, que fue presentado a instancia de las defensas en la causa penal seguida ante el alto tribunal una vez finalizado el juicio oral, y que el Tribunal Supremo rechazó en un auto dictado el 21 de junio del 2019, con argumentos de una solidez y una consistencia indiscutibles.
En esa opinión, que ni es fuente del derecho, ni tiene carácter vinculante, ni reúne las condiciones de objetividad, neutralidad e imparcialidad necesarias para su valoración, se afirma con inusual insistencia que los hechos sometidos a juicio habían ocurrido exclusivamente en el territorio de Catalunya y que la competencia correspondía únicamente al Tribunal Superior de Justicia de la citada comunidad autónoma.
Ni una ni otra afirmación son ciertas. Algunos de los hechos sujetos a investigación fueron cometidos y produjeron efectos fuera del territorio catalán, en particular los relacionados con las corruptelas del uso de fondos públicos con fines delictivos y para financiar el golpe de Estado que se estaba gestando en aquellos momentos. Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Catalunya establece claramente en su art. 70.2 que la competencia para la investigación y enjuiciamiento de los delitos atribuidos a los miembros del Gobierno de la Generalitat, y el procesado rebelde Puig Gordi lo era cuando suceden los hechos, corresponde al TSJC, y fuera del territorio catalán al Tribunal Supremo, cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio del Estado, incluida Catalunya. Esa previsión legal, que convierte al Tribunal Supremo en juez predeterminado por la ley, es la que omite el tribunal belga a la hora de resolver, negándole la jurisdicción para el asunto.
Pero es más preocupante aún que el tribunal belga asuma las conclusiones de esa opinión, a pesar de reconocer que no se argumenta sobre la legislación, la jurisprudencia o la doctrina jurídica que permite llegar a esta conclusión. La razón por la que concede preeminencia a una simple opinión de un grupo de expertos contratados ad hoc por las defensas frente a las motivadas resoluciones judiciales del más alto tribunal español no llega a ser explicada. A lo que debe añadirse que, cuando realiza una incursión en la legislación española, lo hace de manera fragmentaria y parcial, para limitarse a señalar el fuero que consagra el art. 71 de la Constitución Española para diputados y senadores nacionales ante el Tribunal Supremo y recordar que el reclamado no tenía esa condición, lo cual es cierto, pero omitiendo clamorosamente la normativa estatutaria que incluye al Tribunal Supremo como órgano judicial competente para el enjuiciamiento de diputados autonómicos y miembros del Gobierno de la Generalitat.
En resumen, la justicia belga ha vuelto a incumplir palmariamente la legislación europea, se ha arrogado unas atribuciones que no le competen, por lo que es muy probable que el TEDH acabe condenándola nuevamente por violar el deber de cooperación al denegar de forma arbitraria e infundada la orden europea de detención emitida contra Puig Gordi por el Tribunal Supremo.
Como era de esperar, ninguna institución española o europea, política o judicial, ha reaccionado frente a tan singular despropósito, cuyas consecuencias son de una enorme gravedad y representan un rejón de muerte para la cooperación judicial europea. Sin embargo, estos pequeños contratiempos no van a impedir que la justicia española siga aplicando las leyes.
Con la decisión belga, el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, basado en el
reconocimiento mutuo , ha fracasado
La justicia de Bélgica ha vuelto a incumplir la legislación europea y es probable que el TEDH la vuelva a condenar de nuevo