Remanentes: más déficit fiscal para Catalunya
Próximamente se llevará a convalidación al Congreso el real decreto ley 27/2020, que recoge el acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP (o los representantes socialistas en la entidad). Aunque el Gobierno del Estado nos argumentará que hay que convalidarlo, y así, se podrá tramitar como proyecto de ley y presentar enmiendas, hay que advertir que esta es una trampa en la que no tendríamos que caer.
Durante estos últimos días he escuchado de diferentes ámbitos en Catalunya llamamientos a los ayuntamientos desobedecer y no enviar los remanentes de tesorería al Gobierno en forma de préstamos. Hace falta ser rigurosos y cuidadosos con la terminología y no intentar banalizar términos como la desobediencia. Los ayuntamientos que no quieran prestar sus ahorros a la Administración General del Estado (AGE) no tienen que desobedecer ningún real decreto ni ninguna normativa. El decreto establece que los ayuntamientos pueden hacer el préstamo de forma voluntaria. Por lo tanto, siendo rigurosos no hay ningún expolio, pero en cambio, sí que establece un mecanismo un tanto perverso, y eso es lo que hay que combatir.
El decreto ley establece que habrá un fondo de hasta 5.000 millones de euros que solo se repartirá entre los ayuntamientos que presten la totalidad de sus remanentes a la AGE. Y los ayuntamientos con remanentes negativos, o los que teniendo de positivos no puedan prestarlos en su integridad, o los ayuntamientos con remanentes positivos y que no quieran hacer el préstamo a la AGE, no participarán en el reparto de este fondo que en teoría tendría que utilizarse para combatir los efectos de la Covid-19.
Es preciso rechazar el decreto, no para que el Gobierno central no se apropie de los remanentes de los ayuntamientos, sino por diferentes motivos de los que yo hoy quiero destacar cuatro. En primer lugar, porque no permite que los ayuntamientos puedan aplicar libremente sus ahorros a la lucha contra los efectos de la Covid-19, tal como llevamos reclamando desde el marzo pasado. En segundo lugar, como hemos dicho, porque todos los ayuntamientos tienen que participar en el reparto de los fondos que la
AGE destine a los ayuntamientos, y cualquier otra solución será injusta, ineficiente y discriminatoria. En tercer lugar porque no elimina la regla del gasto para los ejercicios 2020 y 2021. Y en cuarto lugar, supondrá, un incremento del déficit fiscal de Catalunya.
En caso de que, como ya han manifestado las entidades municipalistas de Catalunya, la mayoría de ayuntamientos catalanes decidan no hacer ningún préstamo de sus remanentes, y el Gobierno finalmente aplique el fondo de 5.000 millones como está previsto, el efecto será un incremento importante del déficit fiscal de Catalunya. Este fondo acabará siendo financiado con recursos tributarios, presentes o futuros, y considerando que Catalunya genera el 20% de los ingresos tributarios del Estado, significaría que los catalanes financiaremos 1.000 millones de este fondo y en cambio no recibiremos ninguno. Por lo tanto, entre el 2020 y el 2021 el déficit fiscal catalán solamente por la aplicación de este fondo se incrementará en mil millones de euros.
En consecuencia, hay que rechazar el decreto y forzar al Gobierno a que presente de inmediato otro que recoja las demandas reales del municipalismo.
Los catalanes financiaremos 1.000 millones del fondo municipal contra la Covid-19, pero no recibiremos ninguno