Urkullu aparca el derecho a decidir y asegura su investidura
PNV y PSE sortean la pelea del estatus en el acuerdo de coalición
El principal escollo para reeditar el Gobierno de PNV y PSE en Euskadi se ha vuelto a sortear con una patada hacia delante. Esquivándolo. Como ya sucedió en el acuerdo para la coalición del 2016, jeltzales y socialistas han optado por una redacción del pacto programático que admite por omisión el choque entre fuerzas en torno al nuevo estatuto vasco debido a la inclusión o no, en él, del derecho a decidir. La profunda discrepancia quedará así asumida en el seno del Gabinete de Iñigo Urkullu como una confrontación natural entre los dos partidos que deberá dirimirse en la ponencia parlamentaria específica.
De las cinco hojas con las que cuentan las bases para el acuerdo de coalición cerrado ayer, el tema apenas ocupa dos líneas. PNV y PSE se comprometen en el texto a “defender el autogobierno y el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y lograr un nuevo pacto estatutario para una nueva generación”. La primera parte está encarrilada tras el pacto con el Gobierno de Sánchez para el traspaso de la treintena de competencias pendientes a Euskadi, entre las que sobresale la gestión económica de la Seguridad Social. Las diferencias, hondas, se encuentran en el segundo punto.
PNV y EH Bildu pactaron el pasado año un borrador de nuevo estatuto de marcado corte soberanista, pero finalmente los jeltzales modularon sus expectativas echándose para atrás y dando un giro que acabó con un acuerdo de mínimos con Podemos y el PSE. El origen del entuerto estaba y sigue estando en el derecho a decidir. La vía unilateral defendida por EH Bildu no cuadra con la estrategia de Sabin Etxea, pero las posturas del pacto alternativo con morados y socialistas también chirrían en la materia. El PNV y Podemos aceptaron incluir el término en una disposición adicional de la futura ley orgánica pero con distintas formas, mientras que el PSE rechazó frontalmente que apareciera la expresión. Los socialistas creen que el asunto echa por la borda cualquier acercamiento y, de hecho, en su momento se negaron a poner su firma en un documento que citara el derecho a decidir. La patata caliente ha llegado a una nueva legislatura en la que, esta vez sí, debería acometerse la renovación del Estatuto de Gernika, de 1979 y el único del Estado que no ha sido actualizado. En el acuerdo programático de Gobierno definitivo, que estará monopolizado por el refuerzo de la sanidad vasca, la reactivación económica y la recuperación del empleo tras la crisis de la Covid-19 se espera que, como en el 2016, PNV y PSE se comprometan a desarrollar el nuevo estatuto siguiendo los cauces legales, una redacción en la que ambas partes se sienten cómodas y no las compromete. El acuerdo de coalición asegura la investidura por tercera vez consecutiva de Iñigo Urkullu como lehendakari el próximo día 3 de septiembre. Esta vez, además, contará con una holgada mayoría absoluta –41 escaños sobre 75, 31 jeltzales y 10 socialistas–.
PNV y Podemos aceptaron el término en el pacto de mínimos para el nuevo estatuto, pero el PSE no