¿Monarquía o república?: reforma
Los indicios delictivos que pesan sobre el rey retirado Juan Carlos I son objetivamente graves y como tales es afirmable que tendrán consecuencias políticas profundas. Además, los hechos conocidos abofetean la cara de los que defendemos que España es un país serio: una abdicación precipitada poco explicada, acusaciones de comisiones obscenas, una amante exótica, un extraño regalo de 65 millones de euros, un fiscal suizo y un excomisario corrupto que lleva gafas sombreadas.
El expresidente Felipe González nos pide, con razón, que demos a Juan Carlos I al menos la misma credibilidad que le damos a “un policía corrupto” y “a una señora”. Pero el único esclarecimiento que recibimos es el de un avión privado que se va repentinamente un lunes 2 de agosto, el día comunicativamente más adormecido del año. En este caso podemos aplicar la máxima comunicativa de que “el medio es el mensaje” y entender que con esta deserción la Casa Real confirma que algo excepcionalmente grave y feo ha ocurrido.
Tanto es así que se puede decir que lo conocido es un disparo por la espalda a los que habíamos defendido la figura de Juan Carlos I, y es condenable sin matices, sin necesidad de hacer referencia a otros casos de corrupción y sin que venga a cuento recitar importantísimos méritos pasados al hacerlo, porque haber sido una persona virtuosa o meritoria no excusa a nadie de sus responsabilidades criminales. Haber sido Balón de Oro no permite romperle la crisma a un contrario.
Sabiendo esto, ¿qué efectos deben tener estos hechos sobre nuestra configuración institucional? ¿Qué impacto debe tener sobre la monarquía y el impulso de una posible república española, tal como promueven Unidas Podemos, algunos independentistas catalanes y otros?
Lo inmediato será exigir que la investigación en curso sea profesional, exhaustiva y determine tanto los hechos como quiénes eran conocedores de estos. También que haya una reforma amplia que instaure sistemas de control y equilibrio que impidan que algo así pueda volver a ocurrir. Estos controles deberán extenderse a todos los miembros de la familia real que tienen de modus vivendi su asociación con la jefatura del Estado. Esto deberá servir también para evitar que haya más casos Urdangarin y para entender, por ejemplo, de qué viven las infantas de España, Froilanes y demás miembros de la Casa Real que pueblan fincas, fiestas y festejos varios sin que los demás les conozcamos oficios que permitan mantener tales niveles de vida.
Porque, si bien el sistema policial y judicial español ha demostrado perseguir a todo tipo de poderosos, ahí están los casos Rato, Zaplana, Matas, Camps, Pujol, Borràs y ERE, debemos aspirar a un sistema antirrobos que detecte a los ladrones cuando intentan entrar en el banco, no cuando huyen con el botín. Este anhelo preventivo se conseguirá recompensando a denunciantes, reforzando la colaboración de arrepentidos, monitorizando cuentas extranjeras y enalteciendo socialmente a funcionarios y ciudadanos que impidan actos corruptos.
Respecto a la voluntad de muchos de instaurar una república, hay que constatar que las repúblicas no son necesariamente más democráticas o prósperas que las monarquías. Esto es una afirmación objetiva, recordemos que Venezuela, Cuba, Argentina y Zimbabue son repúblicas, y que Holanda, Noruega y Suecia son monarquías parlamentarias.
También hay que destacar, y este es seguramente el aspecto más importante de la cuestión, que somos un país dividido en el que hay que repetir elecciones para formar gobierno, cuesta mucho aprobar presupuestos, no hay consenso educacional y es imposible acordar un modelo territorial. En un contexto político así, el debate deberá ser constructivo y será importante aclarar que usar el republicanismo como ariete para derruir los muros del contrincante es una insensatez, porque los cambios institucionales profundos deben suscitar avenencia, no discordia; si no, son endebles, poco duraderos e ineficaces.
Deberemos saber también qué problemas se quieren resolver con una república y ser conscientes de que en un país tan dividido como el nuestro, tener una jefatura del Estado simbólica apartada del partidismo y con gran llegada internacional tiene ventajas, no solo inconvenientes. Además, recordemos que pintar un buen cuadro requiere tiempo, esfuerzo, experiencia y talento, pero cualquiera lo puede arruinar. Por ello lo importante no es saber lo que se quiere eliminar, ni lo que disgusta, ni a lo que se aspira, sino qué se quiere construir, quién lo va a hacer, cómo y con qué apoyos.
Mientras tanto, muchos observamos que en España la monarquía parlamentaria ha dado mayor estabilidad, paz, libertad, integración europea y prosperidad que cualquier otro sistema español, catalán o vasco que hayamos tenido antes, y que muchos de los que condenamos la actuación de Juan Carlos de Borbón y entendemos el anacronismo de tener una jefatura de Estado hereditaria hoy preferimos que se reforme la monarquía a que se elimine, porque no vemos propuestas de república española constructivas, específicas y consensuadas impulsadas por líderes creíbles.
Una jefatura del Estado simbólica apartada del partidismo tiene ventajas, no solo inconvenientes