El Govern asume que habrá escuelas que tendrán que cerrar
Los centros que se clausuren por la propagación de un brote mantendrán la cocina abierta Los colegios atenderán solo a hijos de trabajadores esenciales si todo el barrio debe confinarse El Gobierno catalán pagará 300 euros a cada familia vulnerable por
El Govern se puso ayer en lo peor y no descartó un escenario posible de un cierre de una o varias escuelas por alumnos positivos o un confinamiento de todo un barrio, un pueblo, una ciudad o un área mayor. Aunque la situación epidemiológica está estabilizada, sostuvo la consellera de Salut, Alba Vergés, el nivel de riesgo es “alto” y “no estamos tranquilos”.
En los dos supuestos las escuelas permanecerán parcialmente abiertas. La cocina del centro seguirá preparando comida que será recogida por las familias vulnerables (o bien se les enviará a sus casas). Por vulnerable se entiende no solo a estudiantes con derecho a beca comedor sino a otros alumnos de entornos desfavorecidos que determinarán profesores y servicios sociales.
En caso de un confinamiento territorial, la escuela abrirá sus puertas a los menores de 12 años hijos de “trabajadores esenciales” que se ven obligados a ir a trabajar . En ese caso se romperá la lógica de los grupos de convivencia estables en el aula, que ahora mismo es la medida de prevención en las escuelas.
El BOE publicó en marzo una larga lista de actividades esenciales que van desde sanitarios y trabajadores de residencia, a transportistas y periodistas. Los profesores no constan aunque la educación se considera una actividad esencial. No obstante, un retén de personal educativo acudirá a la escuela a atender a estos niños, dijo el conseller d’educació, Josep Bargalló.
En el supuesto de que el cierre afecte solo al centro escolar, porque hay más de dos niños positivos en grupos de convivencia distintos, entonces, seguirá abierta la cocina. Los niños estarán recluidos en sus casas para pasar los 14 días de aislamiento, pero recibirán su comida diaria. Este es un mecanismo distinto al que recurrió Educació el pasado confinamiento. Entonces entregó tarjetas monedero recargables.
Para esta población vulnerable, y con el fin de que la falta de ingresos económicos no suponga un freno al cumplimiento de las cuarentenas, el Departament de Treball pondrá 10 millones de euros a disposición de las familias que trabajan en economías sumergidas o tienen contrataciones intermitentes. Las escuelas y los servicios sociales determinarán quién recibirá esta ayuda que se materializaría en 300
euros por familia y cuarentena.
El conseller de Treball, Chakir el Homrani subrayó que esta no es la medida que tranquiliza a la mayoría de padres catalanes con empleos regulados (unos 3,5 millones) y criticó el programa Me Cuida, defendido por el Gobierno, que prevé una reducción de jornada laboral y sueldo del trabajador que debe solicitarlo a la empresa. “Si se aplica, repercutirá en las mujeres”, señaló Vergés.
La propuesta del Govern es modificar el real decreto 6/2020, de 10 de marzo, que regula la situación de personas en aislamiento, ampliándolo a padres o tutores legales de hijos que debe permanecer en casa por ser contacto de otro niño positivo. En ese caso, los padres son contacto de contacto por lo que no tienen que estar en casa por una prevención sanitaria.
El decreto estipula que las personas que estén aisladas o contagiadas por el virus –y que estén de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, lo que incluye a los autónomos que coticen por incapacidad temporal– se les considere de baja por accidente laboral. Eso implica cobrar el 75% desde el siguiente día. La Seguridad Social asume las prestaciones y no las empresas.
“La baja es el mecanismo, porque es una prestación que ya está cubriendo a personas que no son positivas pero que deben permanecer aisladas”, sostuvo el conseller de Treball que matizó que “no deben prescribirlas ningún facultativo”. De este modo, quiso evitar la contradicción con el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que hace unos días defendía el permiso retribuido, arguyendo que una baja es un acto clínico. “No vamos a poner a médicos a hacer bajas laborales que no son necesidades clínicas”, dijo.
Respecto a este tema, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer que se eviten contradicciones dentro del Gobierno. “Saltan ideas cada día y a cada uno se le ocurre una y ya hemos visto alguna contradicción dentro del Gobierno”, comentó. El dirigente de la patronal recordó que los tres primeros días de baja los paga la empresa “y las empresas, ahora mismo, están francamente mal” y añadió que no es lógico que la empresa pague a alguien por cuidar a sus hijos.
Por otra parte, el conseller Bargalló informó que todas las escuelas centros educativos cuentan ya con un centro de atención primaria de referencia al que podrán consultar para dudas sobre el Covid-19. Y anunció un plan de formación para profesores, descartando la propuesta de contratar enfermeras en cada centro. En este sentido, Vergés aseguró que la asistencia primaria podrá atender la demanda escolar.
El presidente de la CEOE considera ilógico que la empresa pague para que el empleado cuide del hijo