Palau de la Generalitat, oficina de campaña
Benvolgudes i benvolguts compatriotes, aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de Govern encarem el camí cap a la independència d’una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua que es necessita en els moments més decisius”. Con estas palabras el president Torra empezó su declaración solemne en Palau el 29 de enero. El reconocimiento de la ruptura interna del Gobierno era doloroso porque implicaba confesar un fracaso: si un presidente no consigue cohesionar su consejo, no está en condiciones de gobernar su país con la autoridad necesaria. O cesaba a los consellers de Esquerra o convocaba elecciones. Y en aquel discurso anunció que las adelantaría. Se comprometió a hacer pública la fecha tras la aprobación de los presupuestos, sobre los que ya había acuerdo. Se aprobaron el 24 de abril, pero el presidente no las ha convocado todavía al cabo de 130 días.
La crisis de enero –originada por la comedia bufa de la pancarta en el balcón de Palau, los cinco minutos de gloria del “sí, vaig desobeir”, el disparate de la retirada de su acta de diputado por parte de la Junta Electoral– fue un episodio más de las tensiones inéditas entre la presidencia del ejecutivo y la del legislativo. Tensiones que han caracterizado esta legislatura penosa desde un punto de vista institucional. Empezaron antes de ponerla en marcha, con el farol del retorno de Puigdemont, y en los pasillos del Parlament aún resuenan los gritos de “traidor” que diputadas de Junts per Catalunya profirieron contra Roger Torrent. Este verano ocurrió otra vez en el pleno sobre la monarquía, cuando el presidente de la Generalitat señaló directamente al secretario del Parlamento. No ha sido una improvisación. Ha sido una táctica de desgaste maniaca.
Durante dos años en el ala oeste del Palau de la Generalitat se han ido activando medidas banales de desobediencia institucional –una forma como cualquier otra de degradar la democracia liberal–. Cuando el president Torrent las desactivaba para preservar la seguridad jurídica de la Cámara, recibía ataques coordinados de políticos, publicistas orgánicos y activistas de la red. El paradigma moralizante de esta ofensiva es el tuit que el vicepresidente de la Mesa, adulterando la épica de Churchill, escribió el 27 de enero: “Os dieron a escoger entre conflicto y deshonor. Habéis escogido deshonor y también tendréis conflicto”. La perversidad del planteamiento es considerable: aprovechando el afán represivo de una parte del Estado, que a cualquier provocación responde con los tribunales, se ha pretendido desgastar al adversario interno que es el socio de gobierno poniéndolo entre la espada y la pared y haciéndolo aparecer como claudicante. A efectos prácticos y hasta ahora esta ha sido la utilidad de la confrontación inteligente. Y no parece muy honorable. Sobre todo parece masoquista porque su consecuencia principal ha sido proseguir debilitando el entramado institucional del autogobierno. Gracias.
Todo el mundo sabe que el conflicto entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana viene de antiguo y está enquistado. Pero el problema de fondo no es que Torra esté troleando a un Aragonès pardillo desde el 29 de enero o el 24 de abril; los ejemplos de Galicia y el País Vasco evidencian que la pandemia no sirve como coartada, allí se ha celebrado elecciones y ya se ha investido presidente. El problema es que el conflicto entre los dos partidos hace tiempo que perjudica la gobernanza y ahora imposibilita que la Generalitat ayude a revertir una situación crítica. Las consecuencias de esta situación de desgobierno impactan a múltiples niveles –incluidos la gestión de la crisis social ahora o la posibilidad de coordinar proyectos para recibir fondos europeos–. El incumplimiento de la convocatoria electoral perpetúa la falta de dirección política en Catalunya en uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea del país.
¿Por qué alargarlo? Los motivos por los que Torra no ha convocado elecciones se han aclarado de manera impúdica con la crisis de gobierno. Mientras en Palau se espera que Esquerra se desgaste gestionando las conselleries más sensibles (Salut, Benestar Social, Educació), se quiere ganar tiempo para victimizar al grupo a través de la inhabilitación y así construir la candidatura del puigdemontismo. Pero tal vez el nuevo instrumento para seguir en el poder no esté funcionando como sus inventores esperaban. El cese de la consellera Chacón –con un papel clave en la mesa de reconstrucción de Nissan, a punto de impulsar la agilización de trámites empresariales con la Administración– y el del conseller Buch –condenado por el procesismo por haber dado la cara por los Mossos d’esquadra durante los disturbios del año pasado– son el síntoma de que la operación Junts no está teniendo tanta fuerza de arrastre (a pesar de las insinuaciones coactivas para que cargos de confianza dejen el PDECAT y se sumen a ellos). El comité de la campaña permanente en la plaza Sant Jaume tiene ahora una urgencia: mantener conectado como sea un procés que agoniza.